Vega Pámanes dijo que el caso lo deja “con mucho coraje, y más que coraje, con mucha frustración por cómo un funcionario hizo algo indebido y quien debe pagar, al fin y al cabo, es la sociedad”.

El presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado se refiere a la sentencia equivocada de un juez civil local y el incumplimiento de una demanda de amparo a favor de un ciudadano que costará al Consejo de la Judicatura del Estado 14.5 millones de pesos (Milenio Jalisco, 14 de junio de 2014).

“Es un juicio de hace más de diez años en el que hubo un secretario y un juez que le dieron posesión a una persona que al final de los juicios no era el legítimo propietario”, dijo Vega Pámanes.

Indicó que los 14.5 millones de pesos los deberá aportar el gobierno del estado, “hay dos cosas: del terreno ya no puedes desalojar a las personas; y al final de cuentas va a pagar el gobierno del estado. Es una cuestión de amparo y como en cuestión financiera nosotros no somos autónomos, así lo tenemos que hacer”.

Por lo tanto, y debido a que recibieron una notificación de la autoridad judicial federal sobre la obligación del pago, el Consejo de la Judicatura hizo llegar un oficio dirigido tanto al titular del Poder Ejecutivo del estado, Jorge Aristóteles Sandoval Díaz, como al secretario de Planeación, Administración y Finanzas, Ricardo Villanueva Lomelí. Antes, el 5 de junio pasado el Consejo de la Judicatura entregó al Poder Legislativo un oficio en el que le informa que debe hacerse el pago inmediato de 14 millones 469,376.75 pesos al ciudadano Jesús Chávez Rodríguez “para cubrir la obligación generada con motivo de los autos del juicio de amparo que nos ocupa”.

Luis Carlos Vega dijo que se trata de “un asunto que se heredó de la Administración pasada. La resolvió un juzgado de distrito y a nosotros nos tocó la ejecución de la sentencia, es decir el cumplimiento de esa resolución”. El asunto comenzó en octubre de 1989, cuando el ciudadano interpuso una demanda de amparo, por lo que él consideró un despojo de un predio, tras una “orden de lanzamiento” de un juez local. El amparo fue favorable, aunque el Poder Judicial interpuso distintos recursos que provocaron que el proceso durara casi 25 años. Sin embargo, la justicia federal le concedió la protección y determinó que se debe indemnizar, debido a que el predio ya fue ocupado.

El 5 de junio pasado el Consejo de la Judicatura entregó al Poder Legislativo un oficio a través del cual informa que debe hacerse el pago inmediato al ciudadano Jesús Chávez Rodríguez de 14 millones 469,376.75 pesos “para cubrir la obligación generada con motivo de los autos del juicio de amparo que nos ocupa”.

Este asunto data de octubre de 1989, cuando el ciudadano interpuso una demanda de amparo, por lo que él consideró un despojo de un predio, tras una “orden de lanzamiento” de un juez local.

El amparo le fue favorable, aunque el Poder Judicial interpuso distintos recursos que provocaron que el proceso durara casi 25 años. Sin embargo, finalmente la justicia federal le concedió la protección y determinó que en virtud de que el predio ya fue ocupado, se le debe indemnizar.

En el texto se afirma que “la autoridad responsable desposeyó arbitrariamente al quejoso del predio que defendió en el amparo y que no cumplió con la ejecutoria en sus términos originales, que implicaban la restitución al quejoso de la posesión”.

También refiere que posterior al despojo, sobre el predio se ejecutaron obras viales y luego “numerosas familias se instalaron en el propio inmueble, de manera que la autoridad no asumió el núcleo esencial de la obligación exigida a la que originalmente estaba constreñida”.

En el oficio se agrega que en virtud de que no se puede restituir el bien, lo que procede es el pago de daños y perjuicios. Si no se cumple con esta obligación, se incurriría en desacato.

Ante una nueva notificación de la autoridad judicial federal, sobre la obligación del pago, el Consejo de la Judicatura acordó girar un oficio al titular del Poder Ejecutivo del estado, Jorge Aristóteles Sandoval Díaz, así como al secretario de Planeación, Administración y Finanzas, Ricardo Villanueva Lomelí, “a fin de vincularlos al cumplimiento que nos ocupa y peticionando específicamente al citado secretario, proporcione a la brevedad posible una partida presupuestal emergente” por los 14.5 millones de pesos.

Lo anterior, agrega, porque el órgano judicial “no cuenta con una partida presupuestal para este rubro, en virtud de que a la fecha en que se presentó el proyecto de presupuesto para el año fiscal que transcurre, no se tenía prevista la erogación del gasto”.

En diversas ocasiones, el Poder Judicial ya había informado al juzgado federal de la imposibilidad de hacer el pago. Sin embargo, se ratificó la obligación para la indemnización.

En el oficio, la Judicatura no precisa cuál es el plazo que tiene para cumplir con la sentencia del amparo, aunque la gestión de los recursos ya fue notificada al Poder Judicial federal, para que la tome en cuenta.

Sobre el caso

Un juez local emitió una orden de “lanzamiento” de un predio en contra de Manuel de Jesús Chávez Rodríguez

En octubre de 1989 promovió un juicio de amparo, que quedó bajo el expediente 1156/1989

En el amparo se ordenó la restitución del predio

Después de varios recursos interpuestos por el Poder Judicial del Estado de Jalisco, que derivaron en 25 años de juicios, la resolución definitiva se dictó a favor de Chávez Rodríguez

Ante la imposibilidad de restituir el predio, en el que ya se instalaron viviendas y vialidades, se ordenó el pago de 14’469,376.75 pesos