Es decir, hay una normalización de la violencia a este sector. De 100 adultos entrevistados en una encuesta reciente, siete padecen "siempre o casi siempre" algún tipo de violencia en sus hogares.
Pero no lo denuncian, "es una cifra alta, porque hay mucho temor de las propias personas a inculpar a sus familiares", señaló el funcionario. De las mil 24 órdenes de protección que se han emitido en favor de víctimas, una de cada 10 pertenece a una persona de la tercera edad. Esto quiere decir que personal de la Fiscalía está al pendiente del cuidado de las personas vulneradas, por un periodo de 90 días.
Después viene la peor parte: si no hay conciliación entre las partes, la persona de la tercera edad tiene que decidir dónde pasará el resto de sus días. Sin familia, sin amigos y muchas veces sin dinero. Y con la zozobra de que no lo acepten en un albergue, pues "no hay recursos que alcancen para todos".
Ante esto, el Instituto Jalisciense de los Adultos Mayores (IJAM) se ha fijado un plazo de tres meses para realizar los protocolos de protección para este grupo de la población. Serán 90 días en que el organismo público descentralizado adecúe procesos para salvaguardar los derechos de las personas mayores de 60 años. En esta tarea se trabajará en conjunto con la Fiscalía General, la Procuraduría Social, el Instituto Jalisciense de Asistencia Social y la Comisión Estatal de Derechos Humanos.
Este domingo el IJAM comenzó las mesas de trabajo para la atención y protección de las personas de la tercera edad. El objetivo principal, dijo su director, Luis Cisneros, es cumplir con la ley: elaborar un protocolo y agilizar las penas para quien maltrate a este sector de la población. De esta manera, las personas que sean sorprendidas en el maltrato o abandono a las personas de la tercera edad tendrán penas que van de los dos mil 18 a los 12 mil 112 pesos como multa, pero además de 36 horas de arresto contra quién se acredite que ha hecho maltrato físico o reiterado en perjuicio de los adultos mayores.
Las investigaciones correrán a cargo por la Procuraduría Social y la Fiscalía General. De acuerdo con los relatos de la Procuradora Social, Felicitas Velázquez, se han tenido casos donde los familiares de un adulto mayor, "van y los dejan en los templos y ahí los abandonan". Otros casos donde son explotados para pedir limosnas e incluso, mujeres que son violadas.
La Procuraduría Social investigará cualquier caso reportado por abandono provisional, desamparo, discriminación, burla, explotación o violencia de cualquier tipo. El teléfono al que se pueden hacer reportes en el IJAM al 3030-3000.
Omar García, El Informador