En entrevista, Eduardo Almaguer confirmó que este caso no corresponde a los que él ha denunciado por irregularidades, ya que se trata de un informe rendido como autoridad en un juicio de amparo de 2008, en el que se respondió al juez de distrito que no se había dictado la resolución, cuando eso ya había sucedido. Recordó que las querellas que él ha presentado, hasta ahora 45, han sido ante la Fiscalía General del Estado.

MILENIO JALISCO informó que la PGR consiguió que se giraran órdenes de aprehensión en contra de cinco personas, tres de ellas funcionarios de la Cuarta Junta Especial de la Local de Conciliación y Arbitraje.

Los funcionarios de la Secretaría del Trabajo son la presidenta auxiliar de esa Junta, Rosario León Quijas, y el secretario general Gabriel Martín del Campo Serratos. Además, se giró orden de aprehensión en contra de un notificador, quien se encuentra prófugo.

En la denuncia penal, por rendir un informe falso ante una autoridad federal, también se incluyó a los representantes obrero y patronal, aunque Eduardo Almaguer señaló que en este caso estas dos personas, sólo firman de enterados. Dado esto, sólo se detuvo al representante sindical Froylan Chávez Padilla.

Almaguer Ramírez afirmó que con el cambio de gobierno, el nuevo delegado de la PGR se dio cuenta que este era uno de los asuntos que estaban pendientes, por lo que determinó reactivarlo. Aseguró que se trata de acciones que se han emprendido de manera conjunta las autoridades estatales y federales, para terminar con la impunidad y la corrupción en los juicios laborales.

En este caso, señaló que se dictó un laudo en contra de una empresa, la cual acudió al amparo. Cuando se pidió a la autoridad laboral local que rindiera su informe sobre el caso, respondió que no había resolución dentro del juicio laboral 499/2001-E. Luego de acreditarse que sí había un laudo, se integró la averiguación previa.

Eduardo Almaguer dijo que, al margen de las acciones que se lleven a cabo dentro del juicio penal, la Secretaría del Trabajo llevará a cabo su propia investigación y, por lo pronto, desde ayer separó formalmente de sus cargos a los tres funcionarios involucrados, quienes le informaron que era una costumbre responder de esa forma a los amparos, ante el cúmulo de trabajo.

Esa excusa fue desacreditada por el secretario del Trabajo, quien dijo que los empleados de la Junta son abogados y saben que, ni siquiera el desconocimiento de la ley los eximiría de la responsabilidad.

Agregó que este caso permite hacer un llamado “a todos los actores para que se conduzcan apegados a la legalidad”.

Sonia Serrano Iñiguez, Milenio