El presidente del Poder Judicial, Luis Carlos Vega, ha declarado que para resolver todos los detalles del inmueble, se requerirían unos 200 millones de pesos.

La primera piedra para la construcción de la Ciudad Judicial fue colocada en febrero de 2007, por el entonces gobernador interino, Gerardo Octavio Solís Gómez, anunciándose que costaría 325 millones de pesos. Después de muchas dificultades, fue en 2013 cuando se entregó formalmente al Poder Judicial, con la tercera planta en obra negra y múltiples detalles que se han tenido que ir resolviendo.

El último corte hecho por quien era secretario de Desarrollo Urbano en el anterior gobierno, Sergio Carmona Ruvalcaba, daba una inversión en el edificio de alrededor de 800 millones de pesos. Se calcula que para adecuarla, instalar mobiliario y dejarla en condiciones de ser utilizada, se debieron gastar otros 200 millones de pesos. Esta suma fue calificada por el actual presidente del Poder Judicial, Luis Carlos Vega Pámanes, como “el robo del siglo”.

Los defectos se notan desde la llegada al inmueble, pues las filtraciones de agua y la falta de desagüe adecuado ya mermaron en la fachada y en el muro posterior, que da al estacionamiento. Además, las ventanas, que ocupan la mayor parte de la estructura, están sucias, pues no se dispone de recursos para contratar a una empresa especializada en su limpieza constante.

Una vez que se pasa el filtro de seguridad, se puede encontrar una explanada con fuentes que no funcionan y que han sido convertidas por los abogados y visitantes, en bancas. El fondo de las fuentes comenzó a agrietarse, por lo que además del agua que fluía con fines estéticos, en el estacionamiento subterráneo había goteras. Se decidió secarlas y sólo dar mantenimiento a las jardineras.

Además, las losas de concreto que se colocaron en el piso no fueron puestas sobre una base firme, lo que ha provocado que con el paso del tiempo se rompan, dejando incluso en algunas orillas evidentes agujeros. A eso se suma que las canaletas que se dejaron entre las losas se taparon, por lo que en el temporal la explanada se inunda y aporta sus goteras al estacionamiento.

La solución más viable, explicó el administrador de la Ciudad Judicial, Juan Carlos Guerrero, sería levantar completa la explanada, desazolvar los ductos y volver a colocar el piso. Si se usan losas que fueron abandonadas en el tercer piso, la obra podría costar entre cien mil y 200 mil pesos, calculó. Además, las fuentes se convertirían en jardineras.

En el sótano, donde está el estacionamiento, las filtraciones de agua ya dejaron huella, tanto en el techo como en el piso. Hasta ahora, se considera que no implican un riesgo, pero también se debe dar mantenimiento.

El edificio ha dado algunos sustos a quienes lo vigilan, pues al menos tres de los vidrios que hacen de muro en los juzgados han amanecido “reventados”. Juan Carlos Guerrero dijo que podría estar relacionado con los movimientos que tienen los materiales que se usaron para la construcción, con el cambio de temperatura.

Cuando el Poder Judicial comenzó a utilizar el edificio, se encontraron también con varios detalles: no había botes de basura, las instalaciones eléctricas son de aluminio y no han aguantado las cargas, especialmente en áreas como el auditorio, y el sistema contra incendios no estaba conectado, entre otros puntos.

Además, la mayor parte del edificio no estaba conectado al sistema de aire acondicionado y no había señaléctica de Protección Civil.

Pero no es todo. El estacionamiento es insuficiente, por lo que a partir de las 11:00 horas se hace una larga fila, que llega hasta la Ciudad Judicial Federal, por lo que en algún momento del día incluso se impide el acceso, lo que dificulta a los visitantes, porque al ubicarse en Periférico, no hay otras opciones para dejar sus vehículos.

Juan Carlos Guerrero afirmó que tampoco hay personal para dar mantenimiento. Indicó que para el funcionamiento del edificio, incluyendo el pago de servicios, se requieren unos quince millones de pesos al año, además de otros quince millones para el mantenimiento de la planta de tratamiento, el aire acondicionado, el sistema de seguridad, el de voz y datos y contra incendios. Sin embargo, los recursos no se han asignado.

Sonia Serrano Iñiguez, Milenio