Según las observaciones hechas por los diputados, se trata de recursos que fueron observados por el órgano fiscalizador y, a pesar de que no fueron solventados, ya no aparecen en el informe final que se remitió al Congreso del Estado.
El auditor envió la cuenta pública del Poder Ejecutivo 2011 al Congreso con la propuesta para que se apruebe sin cargos. En la Comisión de Vigilancia, se acordó hacer observaciones y devolverla a la Auditoría Superior, aunque ya en el Pleno se retiró del orden del día, sin definir qué sucederá con la misma.
Entre las inconsistencias que encontraron los diputados en la revisión de la cuenta, está el monto. Según Godoy, auditó 15.29 por ciento del total de los recursos que se gastaron en 2011, lo que no fue verdad. En el monto, Alonso Godoy incluye los recursos asignados a los poderes Judicial y Legislativo, así como a la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) y el Instituto de Transparencia e Información Pública (Itei).
Los legisladores le aclaran que esos órganos son auditados por separado y en la cuenta pública del Ejecutivo el auditor sólo revisa que los recursos salieron de la Secretaría de Finanzas y fueron depositados. Quitando esos órganos, en realidad la ASEJ sólo revisó 12.98 por ciento de los recursos ejercidos.
También le señalan que en la revisión a las dependencias que ejecutan obra pública, no cumple con los requisitos mínimos que marca la Ley de Fiscalización: “el trabajo de la Auditoría Superior no es homogéneo ni congruente en casos similares, toda vez que en los anexos de los informes finales de auditoría de los municipios, se señala con claridad el nombre y monto de las obras auditadas, así como el porcentaje y monto que se le determinó en la muestra, mientras que en este caso, sólo se desarrollan y se citan aquellas que derivaron en alguna observación”.
Ya en la revisión del gasto, se señala la adjudicación directa para la compra de dos camionetas Suburban blindadas para el ex gobernador Emilio González Márquez, por 4.4 millones de pesos, las cuales además fueron compradas en 2010 y facturadas en 2011; también que funcionarios presentaron facturas a su nombre de viáticos en diferentes viajes y otras que eran del ex gobernador se adjudicaron a otros funcionarios.
En otro punto, señala el gasto por 86 millones de pesos para la adquisición de terrenos “urbanizados, con uso de suelo industrial” para la instalación del Centro Logístico de Jalisco, sin acreditar el registro ni la propiedad, a través del Consejo Estatal de Promoción Económica (CEPE); esto, señalan los diputados, “deja en riesgo la aplicación de los recursos públicos”.
Sonia Serrano Iñiguez, Milenio