En 2011, el empresario ocupa 12 hectáreas del cerro de El Pandillo y en donde tiene una residencia, acusó a los pobladores de robar una estructura de generación de energía que produce el desvío de los arroyos de la comunidad; sin embargo, a seis de los 11 acusados no se les ha señalado directamente como responsables, por lo que han denunciado irregularidades en su proceso.
Desde 2001 los comuneros de Mezcala interpusieron un juicio agrario ante la Procuraduría Agraria por la invasión, mismo que no se ha resuelto. Además, en 2011 denunciaron los hechos ante la Procuraduría General de la República y en 2013 reportaron ante la secretaría General de Gobierno de Jalisco la presencia de gente armada en el predio; ninguna de las autoridades ha otorgado una respuesta a sus acusaciones de despojo.
“A la par del juicio penal que se inició contra los pobladores, de 700 personas de la comunidad presentaron una denuncia donde se le dice (a las autoridades que) ‘hay un grupo armado’ y aquí están las firmas de la comunidad, presentamos fotografías, se presentó todo y no hay respuesta, o sea, nosotros sí somos delincuentes y la gente que él tiene armada no”, explicó Manuel, uno de los pobladores.
Los comuneros también han denunciado que el empresario se hizo de los terrenos a través de un prestanombres de la comunidad, mismo que ahora es señalado como uno de los integrantes del grupo armado que ronda en El Pandillo, ha desacatado la orden de no construir en la zona hasta que se resuelva el juicio agrario, proceso que se ha extendido por más de 13 años.
Los pobladores señalan que han sufrido hostigamiento por parte de las autoridades municipales y estatales, desde que inició la invasión de Moreno Ibarra.
“A los jóvenes o mujeres que van a las asambleas, los policías les dicen que no se acerquen a las reuniones comunitarias (…) A las personas que les entregaban el programa de ProCampo se les decía que si (las autoridades) sabían que ingresaban a la asamblea de comuneros, se les iba a retirar esa ayuda. Han tratado de terminar de muchas formas con la lucha de los comuneros por la conservación del territorio”, señala Rocío, otra integrante de la comunidad.
A su parecer, el problema de fondo es que no se reconoce a la asamblea de comuneros como un gobierno tradicional de la población. Incluso, los habitantes afirman que cuando se decidió retirar la estructura de generación de energía le avisaron al ayuntamiento de Poncitlán de dicha acción, y el secretario general del gobierno local firmó de enterado.
“La agresión más fuerte es que no se respeta en ninguna instancia, ni estatal ni municipal, el que se reconozca a la asamblea comunal como el gobierno tradicional. Realmente ahí inicia todo el problema, si reconocieran a la asamblea como gobierno tradicional del pueblo entenderían que ellos fueron a hacer un trabajo comunitario, no se tiene ningún respeto a las autoridades tradicionales”, añade Rocío.
Como parte de las acciones para recaudar fondos para su defensa legal, los comuneros y pobladores realizaron el pasado sábado un festival en el Paraje Insurgente, un espacio turístico comunitario a orillas del Lago de Chapala, en el que los asistentes disfrutaron de un espectáculo de lucha libre.
Darío Pereira, La Jornada Jalisco