GUADALAJARA, JALISCO (03/JUL/2014).- “La corrupción es un mal endémico del mexicano, tan arraigado que confrontarlo resulta imposible. Como dice el dicho: el que no tranza no avanza, quien da una mordida para el trámite que sea sabe de entrada que ganará tiempo y reducirá esfuerzos, sabe de antemano que no hay sanción social a las prácticas de corrupción”, comenta Samuel Hinojosa, propietario de un negocio de autopartes en La Estancia. Aunque la corrupción ocupa el tercer lugar entre los problemas que más afectan a Jalisco y a pesar de que seis de cada 10 jaliscienses mencionan la necesidad de combatirla, las autoridades poco hacen por contener el fenómeno.
Por un lado, el Plan Estatal de Desarrollo plantea la creación de una comisión de anticorrupción y ética pública y se propone disminuir la incidencia de estos actos; por el otro, el Congreso local analiza una iniciativa para crear una Fiscalía Anticorrupción; la Ley de Combate a la Corrupción en el Estado de Jalisco y un programa de protección de denunciantes y testigos de estos actos.
A nivel nacional, la situación es similar. En campaña, el ahora Presidente Enrique Peña Nieto se comprometió a integrar una Comisión Anticorrupción, pero la promesa sigue atorada en el Congreso.
En la cancha federal se creó, el 12 de marzo de este año, la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Relacionados con Hechos de Corrupción dependiente de la Procuraduría General de la República, aunque se mantiene a la fecha inactiva debido a que la Junta de Coordinación Política del Senado de la República no ha emitido la convocatoria para designar al titular.
El Legislativo de Jalisco, a iniciativa de la diputada perredista Celia Fausto Lizaola, analiza actualmente la creación de un marco jurídico e institucional para que los funcionarios corruptos sean castigados. La propuesta contempla la conformación de la Fiscalía Anticorrupción.
Para Fausto Lizaola, la corrupción es el cáncer más severo que padece la sociedad mexicana y que necesita urgentemente de una cura.
“La corrupción parte justamente de la falta de un marco normativo que de manera especializada y direccionada contemple castigo al oferente y al demandante de un acto de corrupción ante una autoridad”.
Agrega que la falta de normatividad ha impedido que se contemplen castigos para la corrupción, mientras que la ausencia de una autoridad exclusiva para prevenir, investigar y combatir estos actos ha sido el principal caldo de cultivo para que este mal endémico sea el principal flagelo de la sociedad.
Celia Fausto destacó que según Transparencia Mexicana, de 35 servicios públicos que se ofrecen a la ciudadanía, a nivel estatal, federal y municipal, se cometieron 197 millones de actos de corrupción durante 2007, cifra que correspondió a 200 millones en 2010.
A su vez, la corrupción golpea los hogares mexicanos, afirmó. “En promedio cada hogar en México destina 14 por ciento de sus ingresos a la denominada mordida; mientras que las familias con menores ingresos destinan hasta 33% de sus ingresos para el pago de mordidas, lo que equivale a 165 pesos en promedio en el 2010”.
Por lo que respecta a Jalisco, la diputada mencionó que, según la misma fuente, se ubica en el séptimo sitio de mayor corrupción, de 32 estados. En 2010 se calcula que ocurrieron 20 millones de actos de corrupción, lo que representa un costo aproximado de 3,300 millones de pesos.
Señaló que se de crearse, la Fiscalía Anticorrupción sería un órgano autónomo, imprescriptible, e independiente. “Dentro de sus atribuciones actuará por oficio, por denuncias, quejas o testigos, y a través de la denuncia anónima para proteger la identidad de cualquier denunciante durante todo el proceso”.
Con la iniciativa, explicó, se pretende controlar la problemática de la corrupción, garantizar y facilitar los procedimientos para denunciar los actos de corrupción, proteger la integridad del servidor público o de cualquier persona que denuncie o testifique actos de corrupción y simplificar el trámite de denuncia para lograr así inhibir su práctica.
“El Fiscal determinará en sus evaluaciones los riesgos latentes, para emitir de esta manera un dictamen con recomendaciones de carácter vinculatorio”, aseveró.
Sobre los avances y proceso que guarda su propuesta al interior del Congreso de Jalisco, puntualizó que ambas iniciativas se encuentran en las Comisiones de Puntos Constitucionales, Estudios Legislativos y Reglamentos; Responsabilidades y Justicia.
“Hay un marco inmejorable para dictaminar en positivo, no sólo ahora por la tendencia nacional que indica (en la minuta de reforma político-electoral) que debe remitirse a los congresos locales para que procedan en la materia”, destacó.
La legisladora espera que en breve se presten las condiciones para dictaminar a favor. “En los últimos días no hemos podido sesionar para armonizar nuestros ordenamientos locales con las leyes secundarias debido a la falta de acuerdos”.
La reforma electoral contempla la creación de un nuevo órgano estatal especializado en la materia, facultado para investigar y sancionar a funcionarios estatales y municipales.

ÍNDICE Uruguay, el mejor calificado
A nivel global, México se ubica en la posición 106 de 177 países que conforman el Índice de Percepción de la Corrupción de 2013, difundido por Transparencia Mexicana. En lugares cercanos se sitúan Kosovo, Mali, Filipinas y Albania; colocándose entre las naciones más corruptas.
Canadá, por el contrario, fue el país mejor evaluado del continente en la posición nueve. Mientras que de América Latina el mejor posicionado es Uruguay, lugar 19, seguido de Chile, en la posición 22.
El reto, incorporar a los ciudadanos
Brasil es un claro ejemplo de cómo debe atenderse la corrupción, destaca el académico Bautista Farías, quien recuerda que las entidades de fiscalización superior son electas por los ciudadanos y le responden e informan directamente a ellos.
Entre las deficiencias de la iniciativa de la legisladora Celia Fausto, el especialista del Iteso destaca la no incorporación de los ciudadanos. “Estos y las organizaciones de la sociedad civil, pudieran tener una participación activa a través de figuras como la Contraloría Social, las veedurías, los consejos ciudadanos estatales y municipales”.
Propone la creación de un consejo ciudadano, plural y especializado, como el que contempla la ley de transparencia de Jalisco. A su vez, señala que la iniciativa no establece con claridad a quién rendirá cuentas, por lo que “sería deseable que tenga un fuerte vínculo con los ciudadanos y rinda cuentas a éstos a través de informes periódicos.
En Jalisco, considera, se requiere una mayor fiscalización por parte de los ciudadanos. “Una de las deficiencias es que las entidades de fiscalización no contemplan esquemas de participación ciudadana donde pueda protegerse a quien denuncie la corrupción. Si bien la iniciativa contempla esquemas de protección, ésta tiene muchas limitantes al dejar intacta toda la administración de justicia”.

A DEBATE Iniciativa en el Congreso local
Garantizar y facilitar los procedimientos para denunciar los actos de corrupción
Proteger la integridad del ciudadano y del servidor público que denuncie actos de corrupción o testifique sobre los mismos.
Las iniciativas fueron presentadas al pleno del Congreso Estatal, en junio del 2013. SISTEMA DE DENUNCIAS ANÓNIMAS ES UNA ALTERNATIVA Insuficiente, creación de nuevas instituciones
Diversos expertos e investigadores han advertido que la corrupción no se combatirá con la conformación de nuevas comisiones ni órganos reguladores.
Un ejemplo del fracaso de estos entes lo vemos en la Oficina de Combate a la Corrupción de del Ayuntamiento de Guadalajara, opina José Bautista Farías, investigador del Iteso. “Debe revisarse todo el sistema de la rendición de cuentas, pues el actual tiene muchos vacíos y no es eficiente. De dejar las leyes intactas, los organismos actuales de procuración de justicia no surtirán ningún efecto trascendente en el combate a la corrupción”.
El académico duda que la creación de una comisión pueda atacar la raíz del problema.
En el foro “Combate a la Corrupción: reto del Congreso de la Unión”, que tuvo lugar en marzo de este año para analizar la iniciativa del Ejecutivo federal que plantea crear la Comisión Nacional Anticorrupción, el director del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), Sergio López Ayllón, dijo que la corrupción no se resolverá con la creación de una comisión para combatirla.
“La solución es lamentablemente más compleja que crear solo una institución que genere la percepción de sancionar a los corruptos”, aseveró.
“De hecho, la experiencia internacional muestra resultados mixtos en la labor de este tipo de instituciones, algunas ciertamente exitosas, pero muchas otras con resultados magros o pocos satisfactorios”, detalló.
Los críticos de la iniciativa federal argumentan que con la creación de una Comisión Nacional Anticorrupción se ignoran, por un lado, las atribuciones de la Secretaría de la Función Pública, la Auditoría Superior de la Federación y la Procuraduría General de la República. Por el otro, coinciden en que la Comisión podría ser un aliciente para burocratizar más la impartición de justicia.
“México debe enfocarse en tener una legislación que invite y obligue a empresas y entidades públicas a implementar programas de control y supervisión. Hasta que esto no llegue, las nuevas fiscalías y los otros esfuerzos legislativos tendrán los mismos efectos que las medidas anticorrupción tomadas en los últimos veinte años”, detalló Manuel Espinoza de los Monteros, tras acudir a un seminario de la Academia Internacional Anticorrupción en Viena.
Agrega que existen ejemplos de otros gobiernos que han implementado sistemas de denuncias anónimas. “Este es un instrumento extremadamente necesario para combatir la corrupción. En México, los gobiernos locales, estatales, el federal y las empresas públicas deben implementar este tipo de sistemas a la brevedad”.

LA VOZ DEL EXPERTO Las deficiencias de la propuesta
José Bautista Farías (académico del ITESO)

El académico del ITESO, José Bautista Farías, subraya que la propuesta no alude a la opacidad y corrupción que impera en los organismos que administran y procuran justicia en el Estado. “La omisión puede ser altamente riesgosa (pone en peligro la vida y trabajo de los denunciantes) y puede constituirse en un fuerte obstáculo”.
Tampoco hace referencia al papel que debe jugar la Auditoría Superior del Estado de Jalisco (ASEJ) en el combate a la corrupción. “El fortalecimiento de la Auditoría debe contemplar la necesidad de dotar de autonomía constitucional y ampliar sus facultades y recursos”.
El especialista sugiere incluir el tema de la coordinación interinstitucional para el combate a la corrupción. En este sentido, recomienda involucrar a los organismos de fiscalización, Hacienda y Crédito Público, Procuraduría de Justicia (ministerios públicos) y seguridad pública. “La ausencia de esta visión integral para el combate a la corrupción en Jalisco, puede dar lugar a la creación de una instancia burocrática destinada al fracaso”.
Finalmente, el académico sostiene que de la manera en que está planteada la designación del Fiscal Anticorrupción, se corre el riesgo de partidizarse y ser capturado por grupos de poder dentro del Congreso y el Gobierno del Estado. Por ello, sugiere replantear la naturaleza institucional para crear un Tribunal Estatal de Cuentas, como organismo público autónomo”.

El Informador