Uno de sus pasatiempos es denunciar a autoridades locales la falta de aplicación de las leyes vigentes, específicamente en el tema de basureros.

Así lo ha hecho en Guanajuato, Tabasco, San Luis Potosí, Veracruz, Sonora y ahora le tocó a Puerto Vallarta.

El personaje en cuestión fue a las 9:30 horas a la Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente (Proepa), y ahí interpuso una denuncia popular asegurando que el ayuntamiento de Vallarta daña al ecosistema por el funcionamiento del basurero El Gavilán, donde a diario se deposita un promedio de 500 toneladas de residuos.

Los señalados en el documento son el alcalde, Ramón Demetrio Guerrero Martínez; el director de Servicios Municipales, Guillermo Salcedo Contreras; el director general de Ecología y Ordenamiento Territorial, Francisco Altamirano González,  además de Luis Fernando González Guevara, director de Medio Ambiente y Ecología.

Carlos Álvarez Flores los denuncia por “su gran responsabilidad al tirar más de 230 mil toneladas de residuos sólidos urbanos que fueron recolectados (…) desde 2013 y verterlas a cielo abierto en en el basurero El Gavilán, de aproximadamente 8 hectáreas, ubicado en la ranchería El Colorado…”.

Agrega que el ayuntamiento viola la Norma Oficial Mexicana NOM-083-Semarnat-2003 al dejar miles de toneladas de basura a cielo abierto, sin control adecuado para el biogás y los lixiviados que se producen en el sitio, contaminando los mantos freáticos de la zona y generando emisiones de gases de efecto invernadero, todo lo cual contraviene la Ley Estatal del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente del Estado de Jalisco vigente así como lo expuesto en la Ley General de Cambio Climático.

Frente a esta situación, Álvarez Flores, a nombre de su asociación civil México, Comunicación y Ambiente, solicita al procurador ambiental de Jalisco, Sergio Enrique Arias García, que ordene, de manera urgente, la clausura total de este tiradero; sancionar al ayuntamiento con 20 mil días de salario mínimo; de vista al Ministerio Público Federal, a la Secretaría de Salud y a la Comisión Nacional del Agua.

Puerto Vallarta tiene problemas para la disposición final de residuos sólidos, porque el basurero Magisterio, ya rodeado por la mancha urbana, se llenó.

Las alternativas no han sido las más adecuadas y las autoridades municipales se metieron en problemas con la empresa Envir Eau, a la que le otorgaron la concesión del servicio pero vino un pleito en tribunales que no parece tener fin.

Mientras tanto el ayuntamiento utiliza El Gavilán para el depósito de los residuos, donde el negocio, según Carlos Álvarez Flores, son los camiones de basura que el alcalde maneja a través de un compadre. Sin embargo al pedirle alguna prueba de su acusación aceptó no tener nada.

Carlos Álvarez Flores, durante su rueda de prensa ofrecida en Guadalajara para señalar el basurero de Puerto Vallarta. Foto: Sergio Hernández Márquez

Niega ayuntamiento

A raíz de la denuncia, el director de Ecología de Vallarta, Luis Fernando González Guevara, dijo desconocer sobre la denuncia presentada.

No obstante aseguró que el lugar ha sido visitado constantemente por la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y la Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (Semadet), por lo cual si hubiese alguna anomalía o violación a la NOM ya se hubiera clausurado el vertedero.

González Guevara informó que la Semadet visita el vertedero al menos una vez al mes, para revisar el funcionamiento del relleno sanitario. Añadió que la Dirección de Ecología municipal funge como un regulador interno en el ayuntamiento.

Reconoció que siempre hay lixiviados aunque se contienen de manera temporal y regularmente son transportados en función de la capacidad de las lagunas contenedoras. La Jornada Jalisco

El DATO:

El artículo 416 del Código Penal Federal establece:

Artículo 416. Se impondrá pena de uno a nueve años de prisión y de trescientos a tres mil días multa, al que ilícitamente descargue, deposite, o infiltre, lo autorice u ordene, aguas residuales, líquidos químicos o bioquímicos, desechos o contaminantes en los suelos, subsuelos, aguas marinas, ríos, cuencas, vasos o demás depósitos o corrientes de agua de competencia federal, que cause un riesgo de daño o dañe a los recursos naturales, a la flora, a la fauna, a la calidad del agua, a los ecosistemas o al ambiente.

Cuando se trate de aguas que se encuentren depositadas, fluyan en o hacia una área natural protegida, la prisión se elevará hasta tres años más y la pena económica hasta mil días multa. (Artículo reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 6 de febrero de 2002)