El titular del Poder Judicial jalisciense estimó que el costo de atender las necesidades de cada uno de los internos de los diferentes centros de reclusión en la entidad es de 180 pesos diarios, por lo que el gasto anual asciende a mil 161 millones de pesos.

Vega Pámanes precisó que el gobierno de Jalisco invertirá en la construcción de infraestructura para la creación de las nuevas salas de juicios orales un total de 600 millones de pesos, monto que forma parte de un crédito recién aprobado por el Congreso del Estado al Poder Ejecutivo.

Los 600 millones de pesos que serán ejercidos por la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública servirán para construir un edificio con 20 salas en donde se encuentra el penal de Puente Grande, lo cual permitirá ahorros en los traslados y procesos de los inculpados.

“Será un edificio que albergue 20 salas en el reclusorio preventivo de Puente Grande por logística y para economía procesal de seguridad, tanto de procesados como de litigantes. Éste tendrá un costo de 200 millones de pesos, queremos un edificio austero pero funcional”.

El resto de los recursos se destinarán a la construcción de casas de justicia en las que se albergarán oficinas de la Procuraduría Social, el Instituto de Justicia Alternativa, la Fiscalía General del Estado de Jalisco y las salas de juicios orales, con la finalidad de contar con una mejor operación.

La intención del nuevo sistema, dijo Vega Pámanes, es entre otras cosas disminuir el gasto que se tiene para mantener a cada uno de los procesados mientras se llega a una sentencia, con lo que con el nuevo sistema se permitirá que el señalado pueda seguir el proceso fuera de prisión y evite el detrimento a la economía de la sociedad y de su familia.

Recordó que la intención es arrancar con el nuevo sistema de justicia la primera semana de octubre del 2014 en el municipio de Ciudad Guzmán, escogido por ser uno de los 12 distritos más grandes en los que ahora, para efectos judiciales, se dividió al estado.

“En el estado de Jalisco somos el que va al final, pero pasó algo interesante, pues los estados que se adelantaron van a tener que dar marcha atrás con sus códigos porque van a tener su código histórico, y van a tener que cambiar el nuevo código penal de procedimientos penales único”, comentó Vega Pámanes.

El plazo para incorporarse completamente al nuevo sistema vence en junio del 2016.

“A finales de este año vamos a ser de los estados más aventajados en la implementación de esta materia penal, ya tenemos el recurso y la capacitación”, concluyó.

Retiran del cargo a dos magistrados más

El Pleno del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco (STJEJ) acordó el retiro de dos magistrados del Poder Judicial debido a que, según lo que dicta el artículo 61 de la Constitución Política de Jalisco, deben dejar el cargo al cumplir 70 años de edad.

Los magistrados que dejaron de formar parte del Poder Judicial son: Alfredo González Becerra, quien era integrante de la cuarta sala en materia civil y Bonifacio Padilla González, que presidía la séptima sala también en materia civil.

Tanto el magistrado presidente del Supremo Tribunal, Luis Carlos Vega Pámanes, como los demás integrantes del Pleno, agradecieron a Alfredo González Becerra y Bonifacio Padilla González su trabajo profesional e íntegro en la impartición de justicia.

El STJEJ aprobó comunicar de inmediato al Congreso del Estado las dos vacantes existentes para que se proceda a la selección de los sustitutos.

Los magistrados retirados tienen derecho a recibir su salario de manera vitalicia, además de recibir un haber de retiro equivalente a seis meses de sueldo más un proporcional por cada año de servicio.

Milenio