Los datos contrastan con las cifras nacionales: sólo en 2013 se recaudaron 600 millones 767 mil pesos por multas a despachadoras. De esta cantidad, la mitad corresponde a la Subprocuraduría de Verificación, por infracciones a la Ley Federal de Protección al Consumidor. La otra mitad se refiere a violaciones a la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, que considera sanciones que pueden llegar a los siete MDP, especialmente cuando se trate de productos básicos de consumo generalizado como gas natural o licuado de petróleo, y gasolina.

El número de sanciones en la metrópoli ha disminuido desde 2009. Según información concedida a este medio, en ese año hubo cinco sanciones, en 2010 fueron ocho y, en los dos años posteriores, cuatro y tres. Una de las razones, de acuerdo con Lorena Martínez Rodríguez, titular de la Profeco, es que el consumidor no puede comprobar si recibe la medida correcta y por ello no se puede sancionar a los expendios de gasolina que reinciden en irregularidades.

La procuradora describe que las gasolineras tienen un sistema electrónico que regula el despacho y el organismo no tiene los instrumentos para revisar su funcionamiento: “Estamos desfasados entre la implementación de la norma y la capacidad institucional para verificar”.

Por su parte, la Unión de Gasolineros de Jalisco y Nayarit, a través de su presidente Juan Pablo González Córdova, asegura que hubo una campaña de desprestigio de competidores y por medidas como el semáforo promovido hace algunos años por la misma Profeco. En contraste, el director de la División de Economía y Sociedad del Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas, de la UdeG, Jesús Arroyo Alejandre, menciona que el incremento en el precio de la gasolina y la corrupción son factores que determinan la desconfianza de los consumidores, contra los expendedores de combustible y contra los encargados de sancionarlos.

De acuerdo con la Unión de Gasolineros de Jalisco y Nayarit, se venden 200 millones de litros diarios de combustible: 56% corresponde a magna, 11% a Premium y 33% a diésel.

El Informador