empleado del Programa de Control de Emisiones Vehiculares, fue incendiada afuera de su domicilio una noche de ese otoño agitado.
La denuncia penal correspondiente se presentó por ese hecho, pero como sucedió con las que en su momento se presentaron en la Contraloría del estado, no pasó nada. Ni la contralora Maricarmen Mendoza (hoy regidora panista en Zapopan) ni el procurador de Justicia de la entidad, Tomás Coronado Olmos, encontraron elementos para actuar.
Los dueños de los talleres reclamaban su incorporación al citado programa, como entidades de verificación de automotores, pues habían sido “compradores de buena fe” de maquinaria para verificar, en particular, de la marca Dr Tool, que patrocinaba el empresario Arturo Medina Zambrano, quien a su vez contaba con la presunta complicidad del ex director del programa, Juan Fierro Castro, de acuerdo a los datos aportados a la Contraloría por testigos del proceso, a los que tuvo acceso MILENIO JALISCO. El ex funcionario niega esa relación (ver página anexa).
¿Cómo se llegó a esa rispidez? El equipo Dr Tool no cubría los requisitos de seguridad que demandaban los protocolos aprobados en el contexto del programa. Era un paquete barato y “hechizo” que no cubría las especificaciones técnicas, y que si costaba armarse unos 30 mil pesos, se vendía en 90 mil, con precio inferior a la competencia, y la promesa de que se aprobaba ipso facto por el responsable del programa.
Tras la salida de Fierro Castro, el nuevo equipo de la Semades, encabezado por la abogada ambiental Dulce García Bogarín, contó con el apoyo del nuevo secretario del ramo, Héctor Eduardo Gómez Hernández, para documentar las anomalías, pero no tuvo eco en el trabajo de la Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente (Proepa), lo que evitó sancionar a quienes ya incurrían en delito de fraude por verificar con “autos madrina”, entregar hologramas sin pasar pruebas o bien, producir hologramas falsificados.
“La Proepa todo el tiempo pretextaba que había que negociar, que no tenía caso el escándalo, que había que corregir por la vía conciliatoria, entonces no hubo acciones penales contra los responsables, ni en el sector público ni en el privado”, se queja un ex funcionario.
El programa arrancó en marzo de 2007 como Afinación Controlada, igual al que había estado vigente en las dos administraciones previas, y que había demostrado sus limitaciones al no hacer que se afinaran más de 30 por ciento de los automotores (estadística raquítica que no ha sido significativamente alterada hasta 2013). La idea de Martha Ruth del Toro Gaytán, primera secretaria de Medio Ambiente de la Administración de Emilio González Márquez, fue que se implementara un programa de verificación a través de verificentros, como existe en el Distrito Federal, el cual, a su vez, se intentó aplicar de forma fallida durante el gobierno de Guillermo Cosío Vidaurri (1989-1992), y cancelado entre acusaciones de favorecer a empresarios cercanos al régimen.
En 2007, las presiones sobre el gobernador hicieron que este a su vez le impidiera a la secretaria habilitar el proyecto, por lo que se decidió hacer la verificación por medio de los propios talleres, que además del negocio de afinar, tendrían el de verificar. Emilio González ordenó dar la responsabilidad a su compañero de partido, Nicolás Jiménez Carrillo, con perfil profesional de mecánico electricista y diputado en la LVI legislatura federal. A éste le tocó montar el nuevo proyecto de la secretaria entre 2007 y 2008. El Instituto Nacional de Ecología (INE) respaldó y generó una verificación a cuatro gases (hidrocarburos, monóxido de carbono CO, bióxido de carbono CO2 y oxígeno) en una primera etapa, con la idea de que fuera asequible a todo el que se deseara sumar. Llegó a haber 1,500 talleres autorizados.
En 2008 aparece como técnico en el área, Juan Fierro Castro, con un sueldo de menos de siete mil pesos mensuales, según su propio testimonio. Fierro subió porque “el señor Nicolás le cerraba las puertas a todos” y él era hábil en las relaciones públicas, pues se había dedicado a las ventas. Los dueños de muchos talleres prefirieron acercarse y negociar con él. Allí arribó Arturo Medina Zambrano, con la firma Dr Tool (propiedad a su vez del defeño Miguel Ángel de la Fuente), quien no tiene entendimiento con Nicolás Jiménez. Es cuando se da el acuerdo con Fierro, que éste niega. Lo cierto es que Dr Tool crece exponencialmente a casi 300 talleres, bajo el amparo de la necesidad de dar de alta al mayor número de establecimientos posible para cumplir las metas del programa. “Se compraba el equipo que ni siquiera tenía un calibrador de gases decente, y se compraba lo demás: la entrega de los hologramas, el paso de las verificaciones, los autos madrina, simulador de revoluciones, la impunidad y todo lo que enlodó el programa”, añade otro testigo entrevistado por este diario.
Pero no todo fue miel sobre hojuelas: “como lo veían muy cercano a la secretaria y no lo cuestionaban públicamente, pero proveedores, talleres y laboratorios nos revelaron que les pedía dinero”. Fierro Castro asumió en 2009 en lugar de Nicolás Jiménez, a quien acusa de difundir “chismes” e infundios sobre su trabajo. En agosto de 2010, el dueño de un taller presuntamente extorsionado reveló un video donde Alejandro Álvarez, trabajador de Fierro Castro, pedía dinero a su nombre. Luego hubo una reunión plenaria con los dueños de talleres, a la que asistieron Jiménez y Fierro y la propia titular de la Semades. Según Fierro, allí se exhibió a Jiménez, pero otros testigos aseguran que salieron pruebas de sus malos manejos. Lo cierto es que un mes y medio después, Fierro Castro dejó el programa. Los encargados del rescate debieron enfrentar los intereses creados, por más de un año, que culminaron con la camioneta quemada en el otoño de 2011.
Intereses que no han cedido, a casi cuatro años de que se comenzó a enfrentar la realidad: se había desvirtuado el programa. Hoy, el futuro inmediato no le pinta bien. La actual Contraloría del estado ha recibido estos expedientes, pero no ha anunciado si presentará denuncias. La Proepa y la Fiscalía General del estado mantienen acciones contra los talleres fraudulentos.
NÚMEROS DEL PROGRAMA
30% es el porcentaje de cumplimiento de la afinación/verificación de vehículos en la Zona Metropolitana de Guadalajara, entre 1997 y 2013
82% es el porcentaje de emisiones a la atmósfera de que son responsables los automóviles en la ciudad
250 pesos máximo es lo que se cobra por verificar un automóvil en la ciudad
352 talleres se encuentran con acreditación vigente ante la Semadet en 2014; 159 están en proceso de acreditación (y pueden realizar la verificación).
286 talleres están bloqueados actualmente por no contar con su acreditación, la mayor parte, compraron equipos fraudulentos
Agustín del Castillo, Milenio