De este monto total de recursos observados, mil 932 millones de pesos son irregularidades cometidas por los ex secretarios del gabinete, mientas que cinco mil 188 millones de pesos son irregularidades cometidas por diversos Organismos Públicos, como el CAPECE, el CODE, el IPEJAL, Servicios y Transportes, entre los más representativos. Los municipios no se quedan atrás, también existen 451 millones de pesos de irregularidades financieras detectadas en dinero que les fue transferido.

Los mayores daños al patrimonio de Jalisco ocurrieron en la ejecución de obra (dos mil 531 mdp), particularmente desde el CAPECE, la Ciudad Judicial y las Villas Panamericanas. En lo que Vega Pámanes calificó como “el robo del siglo”, se presupuestaron 325 millones de pesos. Además de las asignaciones directas, el costo total de la Ciudad Judicial superó los mil millones de pesos. Aún así dejaron inconclusa la conexión al drenaje y un piso completo por construir. Tal fue el descaro del “robo del siglo”, que una de las principales empresas que construyó la Ciudad Judicial fue Grupo Nova, constructora que tiene como apoderado legal a Aarón González Márquez; efectivamente, hermano del entonces gobernador de Jalisco.

Otras perlas fue la compra de 652 cámaras de video vigilancia, adquiridas con un crédito para la seguridad, cuando en Nuevo León, con la misma cantidad se compraron el doble de los mismos aparatos, pero además que sí funcionan.

Destaca la compra de terrenos en Chalacatepec, vendidos a IPEJAL a tres veces su valor, para terminar haciéndolo socio con apenas el 49 por ciento de un proyecto que desfalcó a Pensiones. En la Secretaría de Desarrollo Rural destacan los 22 millones observados por la ASF, sólo en recursos federales.

La compra de 39 motoconformadoras inservibles, de origen chino, por más de 6.4 millones de dólares y la maquinaría de la SEDER que fue utilizada al menos ocho meses para arreglos en el rancho “El Mexicano”, propiedad de familiares directos del ex titular de la SEDER.

La lista es tan larga, que resulta difícil que el gobierno de Jalisco busque chivos expiatorios en funcionarios de segundo y tercer nivel, cuando el principal responsable de todo este desastre de manejo financiero sigue campante, disfrutando de la impunidad que impera en Jalisco.

Gabriel Torres Espinoza