Se trata de un megaproyecto que en 2008 ingresó a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) como Mirasierra, aunque quedó en suspenso porque sus promoventes decidieron el 8 de marzo de 2010 retirar la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) y no insistir en el cambio de uso de suelo, después de que en la consulta pública del 19 de septiembre de 2009, académicos, activistas sociales y ambientalistas evidenciaron los impactos negativos de esa urbanización.

Sin embargo, en 2011 reactivaron el trámite y comercialmente le cambiaron el nombre. Ahora se denomina Residencial Sendas y los desarrolladores decidieron dividir el proyecto en polígonos con el propósito de conseguir las autorizaciones ambientales y los cambios de uso de suelo. Hoy, en dos áreas del predio conocido originalmente como Mirasierra hay maquinaria trabajando, aun cuando una de ellas no tiene la autorización de la Semarnat.

El polígono que no cuenta con cambio de   uso   de  suelo  se  tramitó con el nombre de Parcela 133, aunque los promotores recurrieron a la figura de positiva ficta –con la presunta complicidad de  José  de  Jesús  Álvarez  Carrillo, delegado de Semarnat Jalisco en esa época– y comunicaron a la dependencia que empezarían a construir en ese predio.

Y aun cuando en marzo el titular de la Unidad Jurídica de la delegación de Semarnat en Jalisco, Antonio Flores Saldaña, expuso en entrevista que los empresarios no podían ampararse en esa figura para iniciar la construcción, las máquinas continúan trabajando. Hasta ahora ya desmontaron la cobertura vegetal de 20 hectáreas. El otro polígono, el más extenso, obtuvo con presuntas irregularidades el cambio de uso de suelo forestal en noviembre de 2012, pues en esa zona hubo incendios en los últimos años y la legislación forestal establece que un predio afectado así no puede urbanizarse durante los siguientes 20 años.

Según el expediente, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y la Semarnat Jalisco incumplieron con los tiempos para hacer las visitas de inspección; las pospusieron un año y medio, justo después del temporal de lluvias, con el propósito de que no hubiera evidencias del daño causado por el fuego para otorgar el cambio de uso de suelo.

Para el Comité Salvabosque Tigre II, integrado por vecinos que defienden el bosque desde hace ocho años y que han creado brigadas autónomas para apagar incendios que ellos vinculan con la presión inmobiliaria, el megaproyecto es neocolonialista, ya que inversionistas españoles se aliaron con empresarios locales cercanos al gobierno, según consta en los documentos de los trámites ambientales.

Eso les permite apropiarse de zonas boscosas de los alrededores de parte del bosque El Nixticuil, que desde el  19  de febrero de  2008 fue declarado por el Congreso local área natural protegida por su importancia hidrológica.

Las empresas locales que están asociadas con el grupo BBVA a través de la inmobiliaria Anida, insisten, son: GVA, Consorcio Tierra y Armonía, así como el Grupo GIG Desarrolladores Inmobiliarios, presidido por el empresario priista Raymundo Gómez Flores.

Daño ambiental

Hace cinco años vecinos del bosque El Nixticuil y los integrantes del Comité Salvabosque Tigre II enviaron escritos al ayuntamiento de Zapopan y a la Profepa, en los cuales le solicitaron detener la tala de árboles en esa zona, propiciada por los impulsores del  fraccionamiento Mirasierra –rebautizado como Residencial Sendas– que comprende 6 mil viviendas.

La Dirección de Ecología zapopana y la Profepa sólo recibieron la documentación (Proceso Jalisco 181 y 182)

En su escrito enviado al ayuntamiento, el Comité Salvabosque expuso que el fraccionamiento violaba el Plan Parcial de Desarrollo Urbano del Ordenamiento Territorial del Valle de Tesistán que destinaba al bosque de El Nixticuil como área de conservación ecológica y espacios verdes.

Es inconcebible, añadió, que las autoridades zapopanas clasificaran en su Plan Parcial de Desarrollo ZPN-9/28 el predio La Roblera –ubicado dentro del polígono natural protegido– como área de reserva urbana a mediano plazo.

Subrayó que “la arbolada y las cañadas del terreno fueron inventariadas por la Semarnat”, mientras que el ayuntamiento  consideraba a esta franja como reserva ecológica. Tras recordar que La Roblera fue hábitat de fauna como correcaminos, zorras, tlacuaches, gavilanes, patos, faisanes y otras especies migratorias provenientes de Estados Unidos y Canadá, el Comité Salvabosque pidió detener el proyecto.

También pedía al ayuntamiento zapopano que acudiera personal de la dirección de Parques y Jardines a realizar un inventario forestal de La Roblera con el fin de que existiera certeza institucional de la masa boscosa que allí existe y que está siendo amenazada.

Solicitó asimismo que se sancionara a quien resultara responsable de la tala y quema de árboles, así como la intervención de un perito que hiciera indagatorias técnicas para dar cuenta de la masa forestal perdida por derribos que cometió el ejido Zapopan.

Con respecto a la Profepa, el Comité Salvabosque le recomendó levantar un inventario del área arbolada –puso énfasis en que en esa zona se estaban talando encinos, robles y otros tipos de madera– y a suspender las obras de urbanización, dado que los constructores incumplían con las especificaciones de diversos ordenamientos legales. La procuraduría no hizo nada.

Los vecinos no se oponen a la explotación del bosque El Nixticuil –declarado área natural protegida por el Congreso del Estado en febrero de 2008–, pero debe hacerse de manera sustentable, dicen, como en otras áreas naturales protegidas, entre ellas La Primavera.

Consultado al respecto, un asesor del Partido Verde Ecologista sostiene que, de manera inexplicable –“mañosamente”–, los legisladores dejaron afuera el predio La Roblera.

Según el Comité Salvabosque, se abrieron por lo menos tres pozos para abastecer de agua al nuevo fraccionamiento, lo cual es ilegal, pues existe “un decreto de veda” para la zona; además, la extracción del vital líquido “pone en peligro la alimentación de los mantos acuíferos del área natural protegida, aun cuando el predio no está considerado dentro del polígono”.

El Gratuito