La CEDHJ informó que el gobierno municipal determinó la sanción a los oficiales luego de concluir un procedimiento administrativo en su contra, solicitado por el organismo defensor en la recomendación 26/2012.

La Comisión de Derechos Humanos documentó que en julio de 2011, una mujer y un hombre detenidos fueron obligados por los policías a desnudarse antes de ingresar a los separos. Los funcionarios argumentaron a la pareja que al quitarse la ropa, quedaría garantizada su seguridad.

Los policías justificaron ante la CEDHJ y ante las autoridades municipales, que a todas las personas detenidas se les practica una revisión de ese tipo, con base en estándares de una empresa privada de certificación.

No obstante, ese tipo de revisiones, aclaró Derechos Humanos, son “totalmente ajenas a la Constitución mexicana y a las normas internacionales que forman parte de ella”.

La detención de la pareja, de acuerdo con el organismo, defensor de los derechos humanos, tuvo que ver con una falta administrativa, cuya sanción está implícita en el Reglamento de Policía y Buen Gobierno del ayuntamiento de Guadalajara.

Derechos Humanos detalló que ni siquiera existía en el momento de la detención la presunción de un delito, por lo que la actuación de los policías agravó el flagelo al que fueron sometidos los quejosos.

La Comisión recibió el oficio del director de lo Jurídico Consultivo del municipio, Carlos Francisco Flores de la Torre, en el que confirma la sanción y al cual adjuntó copia del procedimiento número SC/DJ/PARA/043/2012. Asimismo, informó que se instruyó a la Dirección de Recursos Humanos para que adjunte copia de la resolución a los expedientes personales de dichos servidores públicos”, informó ayer la CEDHJ.

Por otra parte, la Comisión Estatal de Derechos Humanos dio a conocer ayer que el ayuntamiento de Ixtlahuacán de los Membrillos aceptó la recomendación 33 de 2013, en la que se acreditó la violación del derecho a la legalidad, la seguridad jurídica, la libertad personal y a la privacidad, por parte de policías municipales.

Según la Comisión, el ayuntamiento se comprometió a iniciar procesos administrativos contra los oficiales que ingresaron por la fuerza a un domicilio y detuvieron de manera ilegal a una persona.

Mauricio Ferrer, La Jornada Jalisco