Guadalajara • Luis Roberto Moya, agente del Ministerio Público adscrito al puesto de socorros que se localiza en la Cruz Verde Zapopan Norte y un policía investigador no se han presentado a trabajar desde que un menor de edad que tenían retenido por un accidente con consecuencias fatales logró burlar la seguridad y escapó.

El 28 de septiembre, el adolescente identificado como Adiel Miguel, de 17 años, fue retenido luego de atropellar y matar a un motociclista identificado como Juan Miguel Barba Araiza, de 30 años, en el cruce de Periférico y Experiencia, en la colonia El Batán, en Zapopan.

El menor de 17 años se encontraba bajo los efectos del alcohol y en lugar de detener el vehículo Volkswagen Jetta, color negro, con placas de Veracruz que conducía, emprendió el escape para después impactarse contra dos vehículos más.

Con Adiel Miguel viajaba otra jovencita identificada como Daniela Sofía, de la misma edad, quien resultó lesionada por lo que fue necesario trasladarla a la Cruz Verde en donde recibió atención y su estado de salud fue reportado como regular.

El adolescente fue retenido por los policías municipales y puesto a disposición del agente del Ministerio Público para que se hiciera cargo de la investigación correspondiente, sin embargo, en un supuesto descuido, el joven aprovechó que no tenía vigilancia y escapó, ya que en el caso de los menores de edad, según lo marca la Ley de Justicia Integral para Adolescentes del Estado de Jalisco, en su Artículo 10, Fracción XVI, tiene derecho a “no ser controlado con fuerza o con instrumentos de coerción, salvo cuando se ocupen para impedir que lesione a otras personas, a sí mismo, o que cause daños materiales”.

El menor de edad tomó como ventaja que no se encontraba esposado ni dentro de una celda por lo que escapó sin que las autoridades se dieran cuenta. Al percatarse de la evasión del retenido, el Ministerio Público y el investigador encargado de vigilarlo se ausentaron de sus funciones y no se han presentado a trabajar, según constataron fuentes oficiales que investigan la responsabilidad de los funcionarios.

Al permitir el escape del adolescente, los servidores públicos incurrieron en el delito de evasión de presos, según el Código Penal del Estado, que en su Artículo 113 señala que “se impondrán de tres a siete años de prisión al que favoreciere la evasión de algún detenido, procesado o condenado. Si el responsable de la evasión fuese servidor público, se aumentará la pena hasta en una tercera parte y será además destituido de su empleo e inhabilitado de uno a diez años para obtener otro de la misma naturaleza. Si fuesen dos o más los que favorecieron la evasión, o dos o más los evadidos, la sanción será de dos a ocho años de prisión”.

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Lo que dice la ley

-Según la Ley de Justicia Integral para Adolescentes los menores no pueden ser sometidos ni controlados con la fuerza, tampoco se les puede poner instrumentos de coerción

-El Código Penal del Estado estipula una sanción de tres a siete años de cárcel a quien favorezca una evasión, pero en el caso de los servidores públicos la pena aumenta una tercera parte

Jorge Martinez, Milenio