Las reacciones en redes sociales han sido de indignación. Sin embargo, lo más preocupante de este caso es que podría tratarse de una situación legal.
Hace más de un año, Mario Muñoz dio a conocer en el periódico El Informador una lista de jubilados VIP, a quienes el Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco (Ipejal) paga entre cien mil y 200 mil pesos mensuales. En todos los casos, se trata de actores políticos que han tenido cargos en los primeros niveles de gobierno o de elección popular.
¿Cómo lo han conseguido? En la lista hay incluso algunos que no han trabajado de manera permanente en el servicio público o que antes de jubilarse tuvieron cargos de menor nivel. No obstante, el beneficio de la jubilación, esa posibilidad de cobrar una cuantiosa suma mensual en un país en el que el sistema de pensiones está en crisis, los alcanzó casualmente en la cúspide de su vida profesional. Es decir, en un cargo con un salario alto.
No se trata de una jugada casual ni ilegal. Por el contrario, lo que vemos en todos estos casos es un pleno conocimiento de la posibilidad que les da la ley, de aprovecharse de la misma en su beneficio.
La Ley de Pensiones permite las aportaciones voluntarias, para no perder el derecho a una jubilación. Esto significa aportar una cantidad mínima, a cambio de encontrar el momento oportuno para el retiro.
En la lista de pensionados VIP podemos encontrar, por ejemplo, a un ex funcionario (César Gabriel Alfaro Anguiano) que aportó 800 pesos cada bimestre durante casi dos décadas. Luego, la fortuna lo alcanzó y un amigo lo invitó a ocupar un cargo de primer nivel en el Ayuntamiento de Zapopan y, con ello, vino el momento oportuno del retiro. Así, aunque su paso por el servicio público fue efímero, cobrará el resto de su vida, sin trabajar, más de 140 mil pesos mensuales, actualizables con la inflación.
También podremos ver a quienes durante toda su vida cobraron un salario miserable de maestros de educación básica. Algunos cumplieron en el aula y, los más afortunados, consiguieron una “comisión” en el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE). Eso, hasta que sus relaciones familiares les permitieron ser regidores o diputados, para alcanzar el maravilloso momento del retiro, con el salario de más de cien mil pesos mensuales.
Éstos son sólo algunos ejemplos de cómo se alcanzan esos montos de jubilación. Son especificaciones de la ley, disfrazadas de derechos laborales, que sólo benefician a los políticos que tienen cargos en los primeros niveles.
En cambio, miles de policías, secretarias y empleadas del servicios público, viven al día con la esperanza de jubilarse con sus sueldos que rondan los diez mil pesos y cuyas aportaciones permiten los pagos a la lista de los pensionados VIP.
Además, para que esos abusivos pagos no se pongan en riesgo, la última reforma a la Ley de Pensiones estableció un esquema de incremento paulatino en las aportaciones de los patrones, que llega a su tope en 2017. ¿Y quiénes son esos patrones? Los gobiernos estatal y municipales, es decir, aportaciones que salen de recursos públicos y que han metido en una severa crisis económica a muchos ayuntamientos y dependencias.
Por eso, aunque el caso de Alonso Godoy causa indignación por los antecedentes del ex auditor es, en realidad, sólo un beneficiario más de un esquema de trampas diseñado por actores políticos que saben que algún día como lo ven se verán.
Sonia Serrano, El Respetable