"Ha llegado el momento de cambiar las cosas, y estamos convencidos de que esta situación no puede continuar por más tiempo", admitió el mandatario en un discurso ante investigadores, expertos y defensores de DDHH.

El presidente dijo que la justicia en México debe cambiar hacia "procesos legales que sean sencillos, flexibles y económicos, y que cualquiera que asista con razón a los tribunales obtenga justicia y quede satisfecho".

Ante de esta iniciativa, "ningún ejercicio de diagnóstico y de reforma judicial en el México democrático había colocado su mirada en la justicia cotidiana", afirmó el mandatario.

El CIDE recopiló recomendaciones concretas para fortalecer el Estado de Derecho, "hacer efectivos los derechos de las personas, y resolver de forma pacífica y oportuna los conflictos propios de la vida moderna en sociedad".

"Mejorar la justicia cotidiana implicará, en el fondo, renovar nuestro pacto social, en el que los ciudadanos reafirmen su confianza en la ley y en las instituciones, y en el que las autoridades demuestren su compromiso de servicio con la sociedad", puntualizó el jefe de Estado.

El pedido de ese análisis sobre la justicia en México fue hecho por el mandatario el pasado 27 de noviembre cuando, a raíz de la masacre de Ayotzinapa, presentó a la nación una agenda de diez medidas para mejorar las condiciones de seguridad en el país latinoamericano afectado por la violencia del crimen organizado, y una de ellas contemplaba acciones para hacer efectivo el acceso a la justicia.

"El objetivo es que la justicia esté verdaderamente al alcance de todos, se trata de que los procesos legales sean sencillos, flexibles y económicos, y que cualquiera que asista con razón a los tribunales obtenga justicia y quede satisfecho", resaltó.

En los conflictos que se encuentran en la base de la pirámide social, es decir entre los más pobres en un país con la mitad de la población viviendo en la pobreza, "ningún ejercicio de diagnóstico y de reforma judicial en el México democrático había colocado su mirada en la justicia cotidiana", indica el documento presentado por los expertos.

En esta misma jornada en que se cumplen siete meses de la masacre de estudiantes de la escuela de maestros rurales de Ayotzinapa a manos de policías y narco confabulados con el alcalde de la ciudad de Iguala (220 km al sur), saldada con seis muertos, 20 heridos y 43 desparecidos, hijos de humildes campesinos de origen indígena en la remota montaña de Guerrero, azotada por la pobreza, la violencia política y el narcotráfico.