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Miércoles, 04 Marzo 2015 07:26

El Consejo de la Judicatura Federal y su juez corrupto Edgar Estuardo Vizcarra Pérez

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El caso se ventiló en el año 2009, cuando el abogado Ernesto Flores Montor acusó de tráfico de influencias al Juez Edgar Estuardo Vizcarra Pérez y a otros dos jueces "compadres".

“El poder Judicial es una gran familia” dicho esto por el consejero del Consejo de la Judicatura Federal, Cesar Jáuregui.

Acusados formalmente ante el Consejo de la Judicatura Federal de cometer tráfico de influencias para incorporar a familiares, compadres y amigos en sus áreas de trabajo dentro del Poder Judicial Federal, los tres jueces del Centro Auxiliar de la Séptima Región, con sede en Acapulco, empiezan a ver las consecuencias de su actuación: pero no es un castigo, sino algo más parecido a un premio consistente en reubicaciones a modo y posibles ascensos.

 

El juez Juan Carlos Ríos López, que logró la contratación de sus compadres, emigraron en el 2009 a Zacatecas; mientras el juez tercero Edgar Estuardo Vizcarra Pérez, que logró la contratación de su esposa Laura Arcelia Olivares González, emigró con su nombramiento a Guadalajara junto con su esposa Laura Arcelia Olivares González y actualmente es Juez Quinto de Distrito en Materia Administrativa y de Trabajo en el Estado de Jalisco, de donde es originario; y el juez Jerónimo Martínez, que logró la contratación de su hijo, estaba a punto de ascender a magistrado, vía examen de oposición, lo cuales son también amañados.

La historia se remonta al 11 de noviembre del año 2008, cuando el juez de Distrito Edgar Estuardo Vizcarra Pérez y otros dos jueces de distrito fueron designados titulares del Centro Auxiliar en los juzgados primero, segundo y tercero, ubicados en el bulevar de Las Naciones, en Acapulco. Pero a los cinco días de asumir el cargo comenzaron a intercambiar puestos para sus respectivos familiares y compadres.

A los juzgados segundo y tercero sólo los separa una pared, y al primero, un pasillo. Todos tomaron protesta en sus cargos el mismo día, el 11 de noviembre de 2008, y cinco días después, el 16, sus familiares, compadres y amigos también tomaron posesión en el mismo centro de trabajo, si bien distribuidos entre los tres juzgados, cada uno con un juez al que no les une vínculo familiar directo, lo que fue calificado por el abogado demandante como un tráfico de influencias.

Así, el juez José Martínez promovió que su hijo José Antonio Martínez Alonso y su sobrino político José Luis Rivera Trigo, fueran contratados por el juez Edgar Estuardo Vizcarra Pérez. El juez Juan Carlos Ríos contrató a sus compadres Hugo Ramos García y Deyanira Martínez.

Edgar Estuardo Vizcarra Pérez recomendó y logró que su esposa Laura Arcelia Olivares González fuera contratada como Secretaria de Acuerdos en el Juzgado Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Séptima Región por el juez Juan Carlos Ríos, con un salario de cincuenta mil pesos mensuales, y a cobrado en medio año doscientos setenta y cinco mil pesos, más bonos y “demás prestaciones económicas ordinarias y/o extraordinarias”.

Actualmente la esposa del Juez Edgar Estuardo Vizcarra Pérez, Laura Arcelia Olivares González, es Secretaria de Tribunal en el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, en Zapopan, Jalisco.

En un análisis del expediente 310/2009, que fue rechazado por el presidente del Consejo de la Judicatura Federal, el magistrado Guillermo Ortiz Mayagoitia, establece además que a pesar de los nexos, el juez José Martínez no dio empleo a su sobrino y a su hijo, sino que se lo otorgó el juez Edgar Estuardo Vizcarra Pérez; éste, a su vez, no dio el trabajo a su esposa, sino se lo dio el juez Carlos Ríos; y la administradora Leticia del Socorro no empleó a su esposo sino lo hizo el juez Martínez; todos ellos integrantes del mismo Centro Auxiliar, con tales conclusiones, así de bonita es la impunidad en México.

La indagatoria realizada en los juzgados de Acapulco en el 2009 arroja las acusaciones formuladas al Juez Jerónimo José Martínez, por recomendar a su hijo José Antonio Martínez Alonzo, con el Juez Tercero de Distrito, Edgar Estuardo Vizcarra Pérez. Martínez Alonzo fue contratado por el Juez Edgar Estuardo Vizcarra Pérez como Oficial Administrativo y cobra alrededor de trece mil seiscientos pesos mensuales, también se dice que el Juez Edgar Estuardo Vizcarra Pérez contrató a José Luís Rivero Trigo, como Oficial de Servicios y Mantenimiento, Rivero Trigo es sobrino de la esposa del Juez Jerónimo José Martínez, con un sueldo de nueve mil pesos mensuales.

Toda esta trama fue expuesta por el abogado Ernesto Flores Montor el 6 de mayo de 2009, en una denuncia que presentó al Consejo de la Judicatura Federal en la que, además, señaló que los nombramientos fueron autorizados por la titular del área administrativa, Socorro Salinas Pineda, quien, a su juicio, “ha sacado provecho y obtenido beneficios” de esa situación, pues pudo incorporar a su pareja sentimental Everest Clemente Gómez Cota y a Óscar Daniel Monter, hijo de una amiga íntima suya.

Después de que estos hechos se dieron a conocer, el Consejo de la Judicatura Federal desechó la queja aduciendo que los beneficiarios de los cargos los habían buscado y obtenido “inspirados en sus familiares” que ya son jueces.

Ayer fue el último día en que Carlos Ríos López laboró en su oficina de Acapulco. De acuerdo con testimonios obtenidos por La Jornada Guerrero, el 1º de noviembre de 2009 estará ya adscrito en el estado de Zacatecas. Le acompañarán sus alegres compadres, quienes también consiguieron el traslado hacia la misma entidad.

El Consejo de la Judicatura Federal en ningún momento pone en duda estos vínculos. Al contrario: “si bien es verdad –razona el Magistrado Ortiz Mayagoita– que familiares y conocidos” de los tres jueces “laboran en órganos jurisdiccionales del Centro Auxiliar de la Séptima Región, no existen evidencia de que (ellos mismos) hayan intervenido en su contratación” pues, aunque se trata del mismo grupo de juzgadores, los que directamente los contrataron “no tienen parentesco consanguíneo o por afinidad de ellos”.

Más aún, alega que “la circunstancia de que se hayan otorgado nombramientos a favor de parientes consanguíneos o por afinidad de los citados servidores públicos puede entenderse, porque es un hecho evidente que la relación familiar influye en la inclinación de la profesión en la que se desarrollan sus integrantes”, lo cual, explica, es común en el Poder Judicial de la Federación, “donde primos, hermanos, hijos y sobrinos, entre otros, deciden ingresar a esta institución inspirados por alguno de sus familiares”.

El documento firmado por Guillermo Ortiz Mayagoitia dando por cerrado el caso de la queja contra los jueces de distrito tiene el número de oficio 8655/2009 y fue elaborado el 27 de mayo del 2009, según se asienta en sus datos referenciales.

 

Fuentes: Informanet, La Jornada Guerrero

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