Flores Padlla se desempeñaba como titular del Juzgado Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Decimoprimera Región, con sede en Coatzacoalcos, Veracruz, aunque la indagatoria está relacionada con su actuación como Juez de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en el Distrito Federal:

El CJF estableció que el juzgador abandonó la residencia de su órgano jurisdiccional sin la licencia correspondiente

Por su "probable recepción de contraprestaciones distintas a sus ingresos como juez de Distrito, pues se advirtió que adquirió bienes muebles e inmuebles en cantidades que no corresponden a su salario, y realizó múltiples viajes al extranjero en un breve periodo" y por no presentar correctamente su Declaración de Modificación Patrimonial.

El CJF señaló que corroboró 31 registros de ingresos a México, a través de líneas aéreas mexicanas y extranjeras, y solamente registro de dos salidas del país, en el periodo comprendido entre 2005 y 2014, "lo que probablemente constituya abandono de la residencia del órgano jurisdiccional de su adscripción sin la licencia correspondiente"

Y que, en sus declaraciones de situación patrimonial, no se cuenta con datos relacionados con las siguientes propiedades:

"Un departamento adquirido en 2006; una casa en condominio ubicada en el Pedregal de San Ángel, remodelada en 2009 y una casa en el  fraccionamiento “Condominios Del Bosque”, en Tlalpan, así como dos vehículos de fabricación alemana con un valor aproximado de entre un millón 83 mil pesos y un millón 400 mil pesos y, el otro, entre 698, 900 pesos y 959 mil 900 pesos".

Además, se detectó una transacción en efectivo por un monto de 41 mil dólares americanos.

Por lo que respecta a uno de sus familiares, se localizaron antecedentes de la compra de las siguientes propiedades:

Compra, en 2009, de un inmueble por un valor aproximado a un millón 505 mil pesos.

Compra, en 2012, de un inmueble por un valor aproximado a los 14 millones 100 mil pesos.

El CJF determinó suspender, sin goce de sueldo, al juez por el tiempo necesario que duren las investigaciones administrativas y faculta a todas las instancias internas, incluida la Contraloría del Poder Judicial de la Federación, para que procedan a las indagatorias a las que haya lugar.