Son 28 cuerpos repartidos en seis fosas, no todos completos, muchos calcinados: los habían tendido en un lecho de ramas al que prendieron fuego. Los restos están siendo sometidos a pruebas de ADN para averiguar si forman parte de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa desaparecidos en Iguala hace más de una semana después de la brutal represión por parte de la policía municipal, que se saldó con seis muertos –uno de ellos encontrado al día siguiente con la cara desollada– y una veintena de heridos. El fiscal general del estado de Guerrero, Iñaky Blanco, que ofreció una rueda de prensa la noche del domingo, calcula que tendrán los resultados periciales en un plazo entre quince días y dos meses.
Blanco, en un recuento pormenorizado de la investigación hasta el momento, dijo que encontraron las fosas a partir del testimonio de varios de los 26 detenidos después de los sucesos de Iguala y confirmó que muchos de ellos declararon estar al servicio del grupo criminal que domina la zona, "Guerreros Unidos". Estos testimonios aseguran que el director de Seguridad Pública de Iguala, Francisco Salgado Valladares, mandó detener a los estudiantes y, después, un individuo apodado "El Chucky", líder del cártel local, dio la orden de llevárselos y ultimarlos. ¿Por qué querría una banda de narcotraficantes masacrar a unos estudiantes de magisterio? "El móvil se está investigando", dice el fiscal.
Por lo pronto, están en busca y captura el secretario de Seguridad Pública municipal Francisco Salgado y 29 policías municipales más. Al alcalde de Iguala, José Luis Abarca, también en paradero desconocido, lo someterán el lunes a un "juicio de procedencia" para quitarle el fuero que lo protege: el fiscal de Guerrero explica que hay indicios para investigarlo por la masacre. ABC
NOTICIA RELACIONADA
El narco mexicano asesinó a 17 estudiantes detenidos por la policia
La barbarie tiene desde ayer un nuevo santuario en México. Una fosa clandestina situada en las afueras de Iguala, en el corazón del estado de Guerrero. Allí fueron asesinados al menos 17 de los 43 estudiantes de magisterio desaparecidos la noche del viernes 26 de septiembre tras su detención por la policía municipal. La matanza corrió a cargo de dos sicarios a quienes los agentes locales entregaron los estudiantes. La confesión de ambos asesinos, hecha pública anoche por la procuraduría, ha sacudido como un relámpago el país y sacado a la luz una verdad tenebrosa y ya sabida: el poder casi ilimitado y maligno que en algunas zonas ejerce el crimen organizado.
El relato de los detenidos, con todo, mantiene amplias zonas de sombre: no aclara el paradero del resto de estudiantes ni explica por qué en el lugar de las ejecuciones yacían 28 cadáveres calcinados y no 17. La posibilidad de que todos sean estudiantes o que el lugar acumule cuerpos de otros asesinatos permanece abierta. Y la procuraduría no ha querido dar un paso más mientras no se proceda a la identificación genética de los restos, un proceso que tardará unas dos semanas.
La reconstrucción ofrecida por los investigadores, aunque aún muy fragmentaria, muestra la pavorosa connivencia del cartel de los Guerreros Unidos con la autoridad local. Los estudiantes, desde su entrada en Iguala, fueron seguidos en camionetas por los sicarios, que dieron su apoyo armado a los agentes cuando empezaron los tiroteos indiscriminados contra los jóvenes. Una vez detenidos por la Policía Municipal, los normalistas fueron trasladados al patio de la comandancia y de ahí entregados al crimen organizado para su eliminación. Su delito: haber desafiado con su rebeldía el poder del narco. Uno a uno cayeron en la deshabitada partida de Pueblo Viejo. Tenían entre 18 y 23 años. Los cuerpos fueron apiñados en una pira. Los sicarios prendieron el fuego bárbaro con ramas, troncos y gasóleo. Algunas víctimas posiblemente fueron mutiladas antes.
La orden de raptar a los normalistas partió del jefe de la policía, Francisco Salgado Valladares, y la de matarlos de un cabecilla mafioso apodado El Chuky. Dos caras de una misma moneda. La confesión de los sicarios Martín Alejandro Macedo y Marco Antonio Díaz Velver tumba la bienintencionada tesis defendida en un principio por las autoridades y el Comité Estatal de Derechos Humanos de que los estudiantes podían haberse ocultado en la montaña para evitar su captura y represión. Ahora emerge en toda su crudeza un escenario de matanza a sangre fría, un aguafuerte propio del narcotráfico mexicano. En este caso, del cartel de los Guerreros Unidos, un enloquecido clan surgido de los escombros del imperio de Arturo Beltrán Leyva, el llamado Jefe de Jefes, muerto a tiros el 16 de diciembre de 2009.
Conocidos por su rabiosa violencia, en pocos años y bajo el liderazgo del ya detenido Mario Casarrubias Salgado, alias Sapo Guapo, este cartel ha alcanzado una penetración extrema en los estados de México y Guerrero, hasta el punto de tener bajo su bota ciudades enteras como Iguala. En este municipio de 130.000 habitantes, la organización, como ha reconocido la procuraduría, tiene copada a la Policía Municipal. Al menos 30 de los agentes, según los testimonios de los sicarios detenidos, pertenecían a los Guerreros Unidos. Este hecho influyó en la decisión de trasladar a 22 agentes arrestados a Acapulco ante un posible intento de liberación.
La confesión de los sicarios conduce a la investigación a un nuevo punto: la detención de los responsables intelectuales de la matanza. Los dos principales sospechosos, el alcalde Iguala, José Luis Abarca, y su jefe de seguridad, se han dado a la fuga con pasmosa facilidad. Al regidor, cuyo cinismo le llevó a decir al día siguiente de la sangría que él “no había oído nada”, se le vincula no sólo con el narcotráfico sino con la eliminación física de adversarios políticos, en concreto, de tres líderes de un partido opositor secuestrados y ultimados a balazos en mayo de 2013.
Todos los fallecidos pertenecían a la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotzipan, un municipio situado a 123 kilómetros de Iguala. Estos estudiantes de magisterio, llamados normalistas, forman desde hace décadas un colectivo muy ideologizado, con una vida casi autónoma. El viernes 25 de septiembre habían acudido a Iguala a recaudar fondos para sus actividades. Al anochecer se dirigieron a la central de autobuses y se apoderaron de tres vehículos. Una práctica habitual y consentida por las empresas de transporte parte evitar males mayores. A la salida de la estación, en sucesivos encontronazos, fueron atacados a balazos por la policía municipal y grupos de sicarios. Los estudiantes iban desarmados. Sobre el asfalto quedaron seis muertos y 17 heridos.
Este salvaje estallido de violencia, una letal advertencia del narco ante un movimiento autónomo y rebelde como el de los normalistas, espantó a México. La impunidad con la que actuaron los agentes, ametrallando sin contemplaciones autobuses cargados de alumnos, y la enloquecida crueldad con que se desolló y vació los ojos a una de las víctimas, destaparon el infierno que se vive en algunos estados como Guerrero, donde la autoridad presidencial es lejana y gran parte de los centros de poder locales están sometidos a los dictados de organizaciones criminales, como los Rojos o Guerreros Unidos, cuya actividad, más allá de la droga, se ha extendido a casi toda la esfera económica gracias a la extorsión y el secuestro.
Los estudiantes anuncian “acciones radicales” en venganza
El hallazgo de los cadáveres de Iguala ha puesto en pie de guerra a los compañeros de los estudiantes. Los normalistas forman una estructura muy organizada, de carácter asambleario e ideología socialista radical. Las escuelas, nutridas en su mayoría por jóvenes de extracción campesina, han sido durante décadas un semillero de jefes guerrilleros como Lucio Cabañas (1938-1978) o Genaro Vázquez Rojas (1931- 1972). Con nueve centros en Guerrero, cuentan en sus filas con miles de jóvenes. En días pasados, en señal de protesta, han tomado el control de carreteras federales y puestos de peaje. También han atacado con cócteles molotov la Casa del Gobernador en Chilpancingo. La confesión de los sicarios puede actuar como detonante de acciones mayores. Ante esta posibilidad, el mismo día del hallazgo de las fosas, cuando aún no se había atribuido oficialmente los cadáveres a los estudiantes, el gobernador de Guerrero, Ángel Vallejo, se apresuró a pedir calma: “Hago un llamado mantener la concordia y evitar por todos los cauces la violencia, hoy como nunca se requiere de la unidad de todos, sería lamentable que alguien sacara provecho político”.
Difícilmente en este torbellino de sangre y dolor van a ser atendidas las palabras del gobernador. “Vamos a tomar acciones radicales, asaltaremos si hace falta el Palacio del Gobernador. Y actuaremos junto a los padres”, afirmó anoche a este periódico un compañero de las víctimas y dirigentes de la Escuela Normal de Ayotzinapa.
Fosa clandestina en Pueblo Viejo, Iguala. Foto: Henry Romero
Las investigaciones pueden debilitarse "dados los problemas de presunta corrupción, que incluyen la infiltración de elementos del crimen organizado en las fuerzas policiales, y los antecedentes de investigaciones fallidas e impunidad", advierte el organismo fundado en los años 60.
El "horrendo descubrimiento" de estas fosas clandestinas hecho el domingo puede responder a algunas de las preguntas que surgen sobre lo que les sucedió a los 43 estudiantes que desaparecieron después de que 80 jóvenes estudiantes de magisterio rural fueran atacados sin ninguna advertencia por la policía municipal y un grupo armado, cuando estaban abandonando la ciudad de Iguala a bordo de tres autobuses, publica el comunicado de Amnistía Internacional (AI).
En el ataque fueron asesinadas 6 personas y más de 20 resultaron heridas, de acuerdo con la información de la prensa, ya han sido detenidas más de 30 personas en relación con estos hechos, incluyendo 22 agentes de la policía local, que han confesado que recibieron órdenes de los narcotraficantes.
AI pidió además que los representantes de un equipo argentino de antropología forense, que han trabajado restos de víctimas de dictaduras pasadas en Latinoamérica, ya están en Iguala, "reciban todo el respaldo institucional para apoyar el proceso de exhumación e identificación de los restos encontrados".
Como antecedente, en diciembre de 2011, las autoridades no deslindaron responsabilidades en contra de policías por el asesinato de dos estudiantes y tortura de otros 20 del municipio de Ayotzinapa, de donde proceden los ahora desaparecidos.
En mayo de 2013, tres dirigentes sociales fueron secuestrados y asesinados. A pesar de que había evidencias que implicaban al alcalde Iguala -ahora prófugo, desde hace una semana- la investigación fue cerrada, en mayo de 2014.
El mes pasado, Amnistía Internacional publicó el informe "Fuera de control: tortura y malos tratos en México" en el que denunció que las evidencias de tortura y malos tratos por parte de las autoridades oficiales, se habían incrementado en un 900 por ciento en una década.