El Consejo de la Judicatura Federal (CJF) presentó denuncia de hechos ante el agente del Ministerio Público de la Federación contra los magistrados suspendidos Jesús Guadalupe Luna Altamirano y Jorge Figueroa Cacho.
El primero es señalado por probables conductas constitutivas de delitos en la tramitación y resolución de 12 tocas penales y juicios de amparo, así como por haber obtenido ingresos distintos a los que por razón de su encargo le correspondían.
El segundo, por haber incurrido en probables conductas delictivas derivadas de operaciones bancarias y transacciones financieras inusuales con empresas dedicadas a la compra-venta de metales y joyas del Estado de Jalisco.
Según expresa el CJF en un comunicado, seguirá cumpliendo con su mandato constitucional de vigilar a sus funcionarios públicos, además de seguir haciendo públicos este tipo de casos.
Caso Luna Altamirano
El boletín detalla que respecto a Luna Altamirano se encontraron en mayo de 2012 presuntas conductas que denotaron falta de profesionalismo e imparcialidad, ineptitud y descuido en tocas penales y juicios de amparo. Respecto a sus declaraciones patrimoniales, es probable responsable por no presentarlas con veracidad.
"Se identificaron movimientos por depósitos y/o abonos, cuyo origen se desconoce, por un monto total que asciende a los dos millones 705 mil 852 pesos, y se observaron movimientos de retiro mediante cheques y transferencias, sobre los que se desconoce el beneficiario, destino y aplicación, de ocho millones 469 mil 131 pesos".
El comunicado advierte un riesgo en materia de lavado de dinero asociado a operaciones inmobiliarias, ya que el servidor público o sus personas relacionadas pudieron adquirir propiedades registrando un valor inferior al real.
Caso Figueroa Cacho
En este otro caso la Judicatura detectó, tras un análisis de sus estados de cuenta, 155 operaciones de depósitos, cuyo origen se desconoce, por un monto total de dos millones 869 mil 205 pesos.
En el caso de los registros bancarios de cinco de sus familiares, se identificaron 357 depósitos cuyo origen se desconoce, por un monto de 6 millones 175 mil 618 pesos. En productos financieros en dólares, se advirtió que en otra cuenta a su nombre se realizaron depósitos por un monto de 50 mil 449 dólares.
Al respecto, la Contraloría del Poder Judicial de la Federación indicó que dicho magistrado es probable responsable por faltar al deber de presentar con veracidad las declaraciones de modificación patrimonial de los años 2007 a 2010.
El Universal