Advirtió que en el México político casi nadie denuncia, ya que existe un pacto de silencio no escrito, como en las mafias. “La mayor reforma estructural a la que puede aspirar México es simplemente que las autoridades acaten las leyes que nos obligan a cumplir al resto de los mexicanos”, agregó González de Aragón.
Quien fuera titular de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) recordó que en ocho años de actividad en esa institución se logró recuperar 40 mil millones de pesos que habían sido esquilmados al erario por servidores públicos. Sin embargo, las denuncias penales ante la Procuraduría General de la República (PGR) no tuvieron consecuencias”, como una evidencia de que México es la república de la impunidad.
Arturo González de Aragón participó en un foro del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en el Senado sobre la reforma energética y su legislación secundaria, y en ese marco subrayó que la aprobación de las modificaciones constitucionales y legales en las distintas áreas son un gran paso, “mientras los poderes fácticos no cambien el sentido de las mismas, a través del chantaje y la extorsión”.
Oceanografía y la Línea 12 del Metro los puso como ejemplos recientes en que se presumen actos de corrupción de los servidores públicos y empresas privadas. Los políticos en México “usan la extorsión para favorecer sus intereses y las campañas electorales se han convertido, en muchas ocasiones, en un verdadero estercolero”.
El pasado 10 de junio, Julián Olivas, encargado del despacho de la Secretaría de la Función Pública, rechazó en entrevista  que esa dependencia sea una “fábrica de exoneraciones”.