El organismo indicó que se reunirán los elementos para investigar la relación entre el magistrado de circuito del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil de Nuevo León, Eduardo Ochoa Torres,    con Francisco Salazar Arreozola, apoderado legal de Juan Jesús Rojas Cardona, identificado como “El Zar de los Casinos”, en esa entidad.

    El CJF enterado de hechos que pudieran constituir actos contrarios a la imparcialidad, transparencia y a la conducta ética que debe observar todo impartidor de justicia, iniciará una nueva    investigación para recabar todos los elementos que permitan esclarecer conductas contrarias a la administración de justicia”, se detalló en un comunicado.

    De acuerdo con una publicación, Ochoa Torres pudo haber influido en otros jueces en el trámite de amparos promovidos por Rojas Cardona, para impedir que cierren sus centros de apuestas.

    El Consejo de la Judicatura Federal exhortó a autoridades locales y federales, así como a los ciudadanos que puedan verse afectados con este caso y que cuenten con mayores elementos, a presentar    las denuncias correspondientes.

    El CJF y sus integrantes, expresan de manera contundente su rechazo y voluntad para combatir, como lo ha venido haciendo en este tipo de casos, actos comprobados que son contrarios al derecho de    los ciudadanos a contar con una justicia federal imparcial, profesional y de excelencia”, se expresó en el comunicado.

    En marzo del presente año, el mismo organismo anunció que fueron suspendidos de su cargos el juez de Distrito, Ricardo Hiram Barbosa Alanís, y de sus secretarios Héctor Fernando Monterrubio    Pontigo, Alejandro Tovar Álvarez y Eusebia González González.

    En este caso se detectaron resoluciones favorables a casas de apuestas en Nuevo León, luego de investigar su situación bancaria y patrimonial de los funcionarios judiciales.

    El organismo recordó que para estas investigaciones se cuenta con convenios con la Unidad de Inteligencia Financiera de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

    Además de que cuenta con sólidas instancias como la Contraloría y las áreas de Vigilancia, Información y Evaluación, para indagar sobre la situación bancaria y patrimonial de los servidores    públicos, a fin de obtener datos pormenorizados acerca de probables beneficios ilícitos que se pudieran haber obtenido”, concluyó el CJF.