La lógica sobre la que se sostienen es la de limitar los derechos de la ciudadanía y favorecer las condiciones para que los grupos económica y políticamente dominantes en el país mantengan e incrementen sus privilegios. La política peñanietista de reformas ha sido concretada mediante una estrategia clara: favorecer consensos entre las diversas fuerzas respecto a aquellos aspectos fundamentales de las reformas; utilizar las alianzas para imponer por mayoría aquellos aspectos donde hay diferencias; y aprovechar las leyes secundarias para reconfigurar el sentido jurídico de las reformas aprobadas en beneficio del gobierno y de los grandes propietarios. Esto explica por qué diferentes voces, en su momento, recibieron con beneplácito la reforma en telecomunicaciones y radiodifusión, y hoy se sienten traicionados con las propuestas de leyes secundarias del Ejecutivo, que están a punto de aprobarse en las instancias legislativas. La disputa es ahora por unas leyes secundarias que respeten los derechos ciudadanos a la libertad de expresión y libre acceso a la información. Pero, ¿por qué oponerse a la aprobación de estas leyes secundarias? Enseguida algunas razones.
1.- Porque como audiencias ciudadanas merecemos otras opciones televisivas para nuestro consumo, que no sean exclusivamente las que en televisión abierta ofrecen Televisa y TV Azteca. No es suficiente que a Televisa se le reconozca como agente económico preponderante en televisión abierta y no se le considere así en televisión de paga. No es conveniente que los intereses de este consorcio televisivo se mantengan intocados en lo fundamental.
2.- Porque no creemos justo que la publicidad siga prevaleciendo en las programaciones televisivas (18%) y radiofónicas (40%), considerándose su total de horas de transmisión, y no una cuota de tiempo publicitario por hora. No es correcto que a las empresas mediáticas se les deje en libertad de colocar su publicidad en el momento que más les convenga, ni que sus anuncios sean camuflados como noticia o parte de su programación. Tampoco que se gratifique con más publicidad al concesionario que incluya más del 20% de programación nacional independiente.
3.- Porque la Secretaría de Gobernación (Segob) no debe convertirse en la instancia que monitoree y sancione lo que es permisible y lo que no lo es en el terreno de la circulación de la información. Y porque dicha secretaría no tiene que convertirse en vigilante, reguladora y controladora política de los contenidos, programación de los medios, ya que, en el fondo, es una forma de garantizar sus intereses de gobierno.
4.- Porque el Instituto Federal de Telecomunicaciones (Ifetel) debe fungir como un organismo realmente autónomo, en el cual no debe haber intervención del gobierno, ni a través del Ejecutivo ni de ninguna de sus secretarías.
5.- Porque es necesario contar en el espectro radioeléctrico con la alternativa representada por los medios sociales, para lo cual se les debe dar las facilidades de existencia y no ser tratados como si fueran medios privados.
6.- Porque se deben favorecen las condiciones para la existencia de medios indígenas, creando las condiciones para su funcionamiento y existencia jurídica.
7.- Porque necesitamos de verdaderos medios públicos, con independencia editorial respecto a los gobiernos, autonomía financiera y posibilidad de allegarse sus propios recursos principios.
8.- Porque no debemos estar de acuerdo en que las empresas concesionarias del servicio de telecomunicaciones durante dos años pasen a dependencias de seguridad nacional, procuradurías y ministerios públicos información sobre formas, horas, lugares y duración de nuestra comunicación como usuarios.
9.- Porque no tenemos que aceptar que, con el pretexto de la políticas de seguridad de Estado, se geolocalicen, en tiempo real, nuestros dispositivos de comunicación cuando se consideren riesgosos para la estabilidad del país, sin que medie orden judicial ni precisiones que eviten la violación de nuestros derechos humanos como usuarios.
10.- Porque no compartimos la idea de que las empresas concesionarias tengan la facultad de bloquear, inhibir o anular las señales de telecomunicaciones cuando así lo soliciten las autoridades, no definidas.
11.- Porque consideramos que al Ifetel se le deben asignar funciones de alfabetización mediática de la población que le permita realizar aprendizajes para acceder a los medios, navegar en Internet y usar las tecnologías de la información y la comunicación; usar dispositivos; comprender el sentido de información que se recibe; y distinguir entre publicidad, información y programas.
12.- Porque como audiencias tenemos derecho a contar con un recurso o figura legal que nos proteja de nuestro propio defensor audiencia y de los concesionarios.
Echar abajo estas leyes secundarias no es asunto que se resuelva sólo con amparos y controversias constitucionales. De las avenidas virtuales a los espacios públicos reales, esa ha de ser la alternativa.
Es necesario construir un gran movimiento a favor del derecho ciudadano a la comunicación. Por eso es agradable saber de convocatorias a marchar en las calles contra el silencio que se quiere imponer.
La Jornada