La aprobación de la también llamada #LeyAntiProtesta –que excluye el debate amplio y público en el Distrito Federal– fue avalada junto con los del tricolor por legisladores del Partido Acción Nacional (PAN), el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y el Partido Nueva Alianza (Panal).
Esa restricción se legalizó, además, en la misma fecha que el mundo conmemoró el Día Internacional de los Derechos Humanos, lo que a juicio de activistas y abogados sugiere que el PRI y sus aliados lejos de dar prioridad a los derechos fundamentales de los ciudadanos, los ignora “impunemente”.
Casi en la clandestinidad y con la atención mediática puesta en el Senado de la República, donde se discutía la Reforma Energética, la #LeyAntiProtesta se concibió sin la participación de la sociedad civil ni de las Comisiones Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y la de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF).
Esta nueva Ley, promovida por el partido del Presidente Enrique Peña Nieto, tiene un destinatario directo: Miguel Ángel Mancera Espinosa, jefe del Gobierno del Distrito Federal (GDF).
Para nadie es un secreto que tanto el PRI como el PAN están metidos ya en sus respectivos proyectos para reposicionarse en las elecciones de 2015 en la Ciudad de México, la joya de la corona de los partidos de izquierda, especialmente del PRD.
El PAN, debilitado interna y externamente, tiene pocas posibilidades de recuperar terreno en la capital del país, dominada por la izquierda desde 1997, con mayoría absoluta en la Asamblea de Representantes del Distrito Federal (ARDF) y casi la totalidad de las 16 delegaciones que lo conforman.
Pero el PRI quiere, a toda costa, hincarle el diente al DF.
Con el poder federal en las manos y mayores recursos económicos, además de programas sociales –como la Cruzada Nacional contra el Hambre– focalizados en las cuatro delegaciones que acumulan el mayor número de votantes: Iztapalapa [con un padrón de electores estimado en 1 millón 465 mil 927], Gustavo A. Madero [1 millón 90 mil 817], Álvaro Obregón [605 mil 565] y Tlalpan [528 mil 175], no quiere dejar pasar esta oportunidad.
Por eso, la Ley de Manifestaciones Públicas en la Ciudad de México, votada desde la Cámara de Diputados, se considera también oportunista.
Todo mundo sabe que Mancera Espinosa no pasa por su mejor momento político y menos de aceptación entre los capitalinos.
Tras un año de gobierno en el que denominador común han sido las protestas sociales y la violencia en las calles del DF –generadas por las reformas del gobierno federal de Enrique Peña Nieto–, además del cansancio de los habitantes de la Ciudad de México por la invasión de manifestantes a calles, avenidas y demás espacios públicos, la imagen de Miguel Ángel Mancera ha resentido las constantes críticas y ataques de los opositores por su “mano blanda”.
Ante esta nueva avanzada priista en la capital, Mancera dijo ayer que su gobierno no apoyará la legislación de las movilizaciones en la Ciudad de México, ya que esto contradice lo planteado en la Reforma Política para la capital sobre su autonomía.
Por tanto, dijo, dio instrucciones a la Consejería Jurídica y de Servicios Legales para que analicen los posibles recursos que se podrían interponer en caso de que el dictamen respecto a las marchas en el Distrito Federal prospere.
Lo que el PRI quiere, dentro de su estrategia en el DF, es reducir los derechos a la libre manifestación de ideas, asociación y petición a su mínima expresión –particularmente las que van contra el gobierno de EPN–, con una ley que establece requisitos y sanciones desproporcionados, acusan activistas y políticos de izquierda.
Lo que el PRI quiere, pues, es disminuir la libertad de expresión en una metrópoli que en 16 años ha avanzado mucho en la materia, lo cual no conviene a un partido que, con “mano dura”, pretende regresar al GDF en 2018, pero sin permitir críticas ni el uso del espacio público para fines políticos y sociales.
SinEmbargo