Explica que las antenas fueron movidas o apagadas para que algunas zonas de los reclusorios tuvieran señal y así facilitar delitos como extorsiones y negociaciones de secuestros desde el interior.

Los dispositivos, que costaron 25 millones de pesos, no han sido reparados debido a un pleito legal entre el gobierno del DF y la empresa que los instaló.

El contrato firmado el 13 de enero de 2011, incluía la colocación de 148 inhibidores en los reclusorios Norte, Sur y Oriente, los centros de readaptación varonil y femenil de Santa Martha Acatitla y la Penitenciaría capitalina, detalla el diario.

Según el reporte, el Gobierno del DF demandó a Software DSI, S. A. de C. V. para hacer efectiva la garantía de vicios ocultos en los equipos. La intención es que esa empresa brinde mantenimiento y calibre gratuitamente los equipos, pero la compañía exige un pago para hacerlo.

La inventora del bloqueador, Wendolyn Ramírez, dijo que estos aparatos deben estar sellados para que nadie tenga acceso a ellos, ya que es muy fácil alterarlos.