Según Nina García, tía de las dos detenidas, y quien desde el 25 de mayo está en un plantón frente a las instalaciones de la PGR en la Ciudad de México, las mujeres permanecen presas a pesar de haber comprobado que el dinero provino de fuentes lícitas, e incluso aunque Rodrigo Archundia, titular de la SEIDO, ha reconocido que son inocentes.

"Mis sobrinas cumplieron 5 meses de estar privadas de su libertad, aunque no cometieron ningún delito. Solicitamos al señor Procurador que retire la acusación penal en contra de ellas, porque ya han perdido, injustamente, 5 meses de su vida", dijo en entrevista.

Viridiana, con 35 años de edad, es una licenciada en Ciencias de la Comunicación que se desempeñaba como gerente de compras en la empresa familiar D.C.Q. S.A. de C.V.; por su parte, Karen, de 24 años, se había graduado en diciembre de 2012 de la licenciatura en Mercadotecnia, y estaba por entrar a trabajar a la misma empresa.

D.C.Q., según documentos mostrados por García, es un negocio constituido desde septiembre de 2012, dedicado a la venta al mayoreo y menudeo de carne y vísceras, específicamente de puerco, pollo, res, cordero y filete de pescado.

De las ventas obtenidas entre enero y febrero de 2013, D.C.Q., ahorró 2 millones 953 mil 66 pesos en efectivo, los cuales fueron cambiados a dólares en esos dos meses, según consta en recibos pertenecientes a la Casa de Cambio Acueducto, en Querétaro.

Facturas de importación presentadas por García, demuestran que compraban a proveedores estadounidenses cargas de 20 toneladas de pierna de cerdo –cuyo costo ascendía a más de 30 mil dólares– para después ganar en la venta al mayoreo 1 peso por pieza.

García aseguró que, en marzo, la empresa iba a adquirir nueve cargas de carne de dos proveedores; dado que el dinero para pagarles tenía que ser depositado en el Banco Chase de McAllen, Texas, la familia decidió trasladar el efectivo hasta Reynosa, Tamaulipas, en cuya frontera lo declararían, para después depositarlo personalmente en el banco.

"Nosotros tenemos que pagar por adelantado, al proveedor, la pierna de cerdo. Al depositar en el banco se nos cobra el 3 por ciento de impuesto; en la conversión de dinero mexicano a dólares, nos salía más caro (pagar) en el banco que en el centro cambiario. Aproximadamente nos íbamos a ahorrar de 40 a 50 mil pesos, una cantidad muy respetable, por depositarlo allá", describió García.

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A las 20:00 horas del 4 de marzo, las hermanas ocuparon los asientos 21 y 22 de un Ómnibus de México, el cual las llevaría de la Ciudad de Querétaro rumbo a Reynosa, Tamaulipas.

"Para el efecto de que no nos asaltaran en el autobús, procedí a esconder entre el cuerpo y la blusa, es decir, a la altura del pecho y el estómago, así como en las espinillas de las piernas y el interior de los calcetines que traía puestos, las diversas fajillas de dinero en moneda extranjera (...) asimismo, mi hermana Karen Nayeli procedió a guardar en las piernas diversas fajillas de dinero", describió Viridiana en su declaración ministerial.

Viridiana y Karen se escondieron 80 mil 814 dólares y 150 mil dólares, respectivamente, los cuales iban en billetes de 100 y 50 dólares, envueltos con una liga, dentro de sus calcetas, pantalones y ropa interior, juntando entre las dos una cantidad igual a 230 mil 814 dólares en efectivo.

A las 4:00 horas del 5 de marzo, a la altura de un retén federal ubicado en las inmediaciones de San Roberto, Nuevo León, el subinspector de la Policía Federal, Martín Guerrero, y el suboficial Luis Álvarez, abordaron el autobús a fin de realizar una inspección de rutina como parte de un operativo de seguridad de la PF.

"Al iniciar su revisión normal, la Policía Federal empieza a ver que los pasajeros van sacando dinero de 3 mil 500 dólares, otros 5 mil, 10 mil, 15 mil dólares.

Al ver que en el camión se juntaban cerca de 400 mil dólares entre todos, se llevan detenido el camión a la PGR de Monterrey, porque se pensó que era una agrupación delictiva", indicó García.

De acuerdo con la averiguación previa UEIOPRPIFAM/ AP/029/2013, entre 17 de los pasajeros se juntaban 364 mil 583 dólares, una cifra equivalente a 4 millones 863 mil 239 pesos, por lo que fueron aprehendidos por Abraham Ochoa y Gustavo Illescas, elementos de la Policía Federal Ministerial, y acusados de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Según el Acuerdo de Liberación con Reservas de Ley, 14 pasajeros fueron liberados debido a la falta de elementos suficientes para probar una conducta ilícita; mientras que, el 7 de marzo, las hermanas y otro pasajero, quienes portaban la mayor cantidad de dinero, fueron consignados por operaciones con recursos de procedencia ilícita.

El 12 de marzo, a pesar de que la familia presentó recibos, facturas y testimonios acreditando la licitud de los recursos, la juez Rosa María Torres Cortés, del Cuarto Juzgado de Distrito en Materia Penal en Monterrey, dictó auto de formal prisión, teniendo como única prueba en contra de ellas el hallazgo del dinero.

"No es muy común trasladar por debajo de las prendas superiores y adosados al abdomen numerario, para ello están diseñados diversos implementos como son las bolsas de las prendas de vestir, y el uso de aditamentos adicionales como bolsas de mano, carteras, etc", argumentó la PGR en el pliego de consignación.

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Nina García, tía de las detenidas y administradora de la empresa D.C.Q., denunció que han presentado alrededor de 5 mil documentos acreditando la procedencia de los recursos y la legitimidad de la empresa, pero la PGR se ha negado a retirar la acusación contra las mujeres.

"Gracias a mi plantón, a finales de mayo, Rodrigo Archundia recibió a mi hermano y mi cuñada.

Cuando se reunieron, les dijo que estaban conscientes de que mis sobrinas no son culpables, e incluso les entregó sus pasaportes, que no nos habían querido dar. Pero dijo que no podían quitar la acusación porque era problema de la juez, y sólo ofrecieron su asesoría", dijo García.

A cinco meses, añadió, la única razón para que las mujeres continúen detenidas es la existencia del dinero que, por criterio de la juez, puede provenir de o ser utilizado para alguna actividad ilícita, como lo marca el Artículo 400 Bis del Código Penal Federal.

"El tipo penal (de operaciones con recursos de procedencia ilícita) le instala la carga de la prueba de procedencia lícita a quien tiene el dinero; no es requisito que la autoridad presente pruebas de la licitud, es suficiente que considere que existen indicios de que las ganancias provienen de algún ilícito", explicó Julio Hernández Barros, especialista en derecho penal.

Los mexicanos pueden transitar libremente por la República portando cualquier cantidad de dinero, abundó el abogado, y es sólo al salir o entrar con más de 10 mil pesos que se deben declarar los recursos, por lo que las hermanas no habrían incurrido en ningún delito, incluso aunque llevaran el dinero escondido entre sus ropas.

'La familia está destrozada'

Para Rosa María Silva Correa, la vida ha sido un infierno desde marzo de este año, cuando sus dos hijas, Viridiana y Karen, fueron detenidas en marzo en un retén en Nuevo León.

"Ahorita mi vida es un infierno, toda la familia está destrozada, toda la familia separada, yo allá (en Monterrey), mi hija aquí sola, viviendo con una amiga.

"Mis hijas, cuando se atrevieron a ir, tenían miedo de un secuestro o un robo, un asalto, pero que nuestras propias autoridades nos hagan esto, no lo puedo creer. Ya no sé qué está pasando. Es un infierno", afirma mientras se enjuga las lágrimas.

Desde Querétaro, recuerda que el 4 de marzo de 2013, supo que sus hijas habían sido detenidas. Fue un mensaje por WhatsApp a Sabrina, la menor de sus tres hijas.

"Desde el momento en que las detuvieron no les permitieron hacer la llamada, les quitaron pasaportes, celulares y yo me acuerdo que me enteré y como llevaban todos los papeles para pagar, todo, pensábamos, la verdad que no iba a llegar a tanto", relata.

Rodeada de familiares y amigos, la señora Rosa María insiste en la inocencia de sus hijas y pide a las autoridades que hagan justicia.

"Desde un principio fue una injusticia la detención porque no tenían ningún prueba contra ellas, la única prueba que tenían era el dinero que llevaban", relata.

La mujer dice que en es tal su angustia que ni come, ni duerme por la preocupación de cómo puedan estar sus hijas.

Relata que hace poco estuvo con el Procurador General de la República, Jesús Murillo Karam, quien le ofreció ayuda, pero que le advirtió que la liberación de Viridiana y Karen, no está en sus manos.

El Diario