El litigante designado de forma gratuita defenderá al narcotraficante en el juicio de amparo que tramitó contra la orden de aprehensión y su posible entrega en extradición a Estados Unidos.

El abogado fue designado por parte del Instituto Federal de la Defensoría Pública (IFDP), de acuerdo con la notificación realizada este lunes por la juez Primero de Distrito en materias de Amparo y Juicios Federales del Estado de México, Abigaíl Ocampo.

 El Instituto Federal de Defensoría Pública (IFDP) le notificó al juez Adrián Rivera López, Juez Primero de Distrito en Amparo y Juicios Federales del Estado de México, que designó a un abogado de oficio adscrito al juzgado Quinto de Distrito de Procesos Penales Federales de la entidad, quien protestó al cargo como defensor del narcotraficante.

“El Titular de la Delegación del Instituto Federal de Defensoría Pública delegación Estado de México, designa como defensor público del quejoso … a …, señalando domicilio donde puede ser localizado dicho defensor; y, …Defensor Público Federal adscrito al Juzgado Quinto de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México, acepta y protesta el cargo conferido” señala el resolutivo.

Sin embargo, en el acuerdo se reservó publicar el nombre del defensor público, quien solicitó acceso al expediente electrónico, a las constancias de la demanda de amparo y de la suspensión de plano que un juez federal de Puente Grande, Jalisco, otorgó a Caro Quintero para frenar por el momento su extradición al vecinos país del norte, ya que es requerido por Washington para juzgarlo por el asesinato de Enrique Camarena, agente de la agencia antidrogas de Estados Unidos, en febrero de 1985 en la ciudad de Guadalajara, Jalisco.

En el amparo, la juez concedió la suspensión de plano contra la entrega de Caro Quintero a Estados Unidos sin previo juicio de extradición, medida que ya fue impugnada por la Fiscalía General de la República (FGR). Caro Quintero, famoso también por su vida llena de lujos, declaró en mayo de 2020 no contar con recursos económicos para huir del país, pese a que el gobierno de Estados Unidos argumentó que él y su familia cuentan con cinco propiedades en el estado de Jalisco, mismas que ordenó decomisar.

Tras la información revelada por el país vecino del norte, la FGR también reclamó dichas propiedades, a través de la figura de extinción de dominio.