El gobernador del estado mexicano de Nuevo León, Samuel García, y su esposa, la 'influencer' Mariana Rodríguez, están nuevamente en el centro de la polémica después de que el fin de semana exhibieran en redes sociales la acogida temporal de un bebé de cinco meses, con discapacidad, que vive en un albergue gubernamental.

Las críticas a la pareja giraron en torno a si el permiso hubiese sido otorgado de manera regular y, sobre todo, a que expusieron en redes sociales a un menor de edad que está desprotegido y que, al vivir bajo el resguardo del Estado, se considera que ha sido víctima de violaciones a sus derechos.

"Muy emocionada porque Emilio se va a venir a mi casa este fin de semana.

Pedí un permiso de convivencia familiar, que se da cuando hay un vínculo entre el niño y la familia", anunció Rodríguez en su cuenta de Instagram.

Así, la 'influencer' informó que tenían la autorización del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de las Familias (DIF) para llevarse unos días al menor de 5 años.

En el transcurso del fin de semana, Rodríguez y García publicaron historias en Instagram con el bebé, mostrando su rostro en todas las imágenes y videos.

A raíz de toda la polémica que surgió por la noticia, el pasado sábado 15 de enero, el DIF de Nuevo León detalló en sus redes sociales que el acogimiento familiar "no es una adopción", sino "un tipo de cuidado temporal, reconocido de manera internacional y que permite a un niño/niña seguirse desarrollando de manera positiva, mientras puede regresar con su familia de origen o puede acceder a otra modalidad de protección de sus derechos".

"Exposición excesiva e innecesaria"

Desde la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim), como se llama la coalición de 77 organizaciones de la sociedad civil que desarrolla programas a favor de niñas, niños y adolescentes en situaciones de vulnerabilidad, expresaron su "profunda preocupación" porque Rodríguez, quien es titular de la oficina Amar a Nuevo León, y por lo tanto una funcionaria pública, "extrajo del centro del DIF Capullos a un niño de 5 meses de edad, con discapacidad".

"Un niño o niña en un centro de atención del DIF es 'per se' víctima de violaciones previas a sus derechos, de ahí que el Estado deba interceder por su protección", apuntó Redim en un comunicado de prensa.

"Este bebé está bajo responsabilidad jurídica del DIF local y precisamente por ello no puede ser expuesto de ninguna forma, pues se le revictimiza", agregó.