Se trata de un cambio “radical” en el combate a la delincuencia organizada, respecto de lo hecho anteriormente, cuando se atacaba al narcomenudeo y al sicariato, expresó Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
“Encontramos que había una política de combate a la delincuencia organizada basada en la persecución de los líderes y, en alguna medida a nivel local, en el ataque a los narcomenudistas y a los sicarios”, sostuvo en una entrevista con La Jornada. Sin embargo, precisó, no había una política para desmantelar las estructuras financieras de los grupos delictivos.
“Hoy la posición del Presidente es muy clara: necesitamos generar un tránsito hacia la paz sin caer en nuevos actos de violencia. Y la única forma de hacerlo es atacando al sicariato, por supuesto, pero se requiere atacar la corrupción política que protege a los grupos delincuenciales, sobre todo en los ámbitos locales.
“No se puede explicar el surgimiento de grupos delictivos en Tamaulipas, Guanajuato o Michoacán sin la aquiescencia de gobiernos municipales o el apoyo de los espacios estatales de poder.
“Lo mismo hay que atacar la corrupción judicial, ministerial y policial que le da cobijo jurídico, un halo de defensa a partir del no ejercicio de la acción penal, y los juicios de suspensión en materia de amparo a los delincuentes.”
Nieto Castillo apuntó: “ese es el nuevo enfoque que tiene la UIF, utilizar la inteligencia financiera para desmantelar a las estructuras financieras de grupos delictivos, llámese delincuencia organizada o corrupción política.
–¿Se está desmontando esa estructura financiera, hay avances?
–Sí, por supuesto. Lo hemos hecho a partir de una metodología de integración de información.
“Primero, con el cártel de Sinaloa, a partir de los hechos de Culiacán (El 17 de octubre el gobierno federal decidió liberar al narcotraficante Ovidio Guzmán, con el argumento de evitar la muerte de civiles). Se generó un equipo con el Sistema Nacional de Inteligencia, la Secretaría de Defensa, la Secretaría de Marina e inclusive con la DEA (agencia antidrogas de Estados Unidos) para tener información respecto a los posibles operadores financieros del cártel de Sinaloa y encontramos bastantes temas.
En esta parte, agregó el titular de la UIF, se logró que las cuentas bancarias de 330 personas fueran congeladas y lo mismo se hizo después con 99 personas físicas y morales relacionadas con el cártel Santa Rosa de Lima, organización criminal con base en Guanajuato. Una acción similar, añadió, fue realizada con el cártel Jalisco Nueva Generación; ahí fueron mil millones de pesos congelados a mil 968 personas físicas y morales. Y, finalmente, hubo una operación de bloqueo de activos financieros a los grupos criminales cártel de Tláhuac, Unión Tepito y Anti-Unión Tepito y, en general, con 14 grupos delictivos en la Ciudad de México, lo que dio como resultado, en ese solo acto, el congelamiento de cuentas por 475 millones de pesos.
Roberto González Amador e Israel Rodríguez