A finales del año pasado se dio a conocer que al menos 500 jueces y magistrados, equivalente al 48.6% de los que ocupan una plaza en tribunales o juzgados del país, incurren en nepotismo.

El estudio publicado por Mexicanos Contra la Corrupción, reveló que hay otros 7,148 servidores públicos del Poder Judicial que comparten espacio laboral con sus familiares.

En respuesta, en octubre el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, anunció una política de “cero tolerancia” a la corrupción en el Poder Judicial, donde reconoció que imperan redes de nepotismo.

La postura se registró dos meses después de que el presidente López Obrador indicó que no promovería la renovación total de la Corte, pero demandó una limpia de corrupción, al considerar que hay inconformidad en algunos mexicanos por el desempeño de jueces, ministros y magistrados.

“Cero tolerancia a la corrupción en los hechos. No hay, ni habrá tolerancia a actos indebidos, seguiremos combatiendo el nepotismo y la corrupción”, expresó el ministro Zaldívar al anunciar que el Consejo de la Judicatura tomó un acuerdo para modificar el esquema de adscripciones y ratificaciones de jueces y magistrados, para evitar actos de nepotismo y conflicto de interés.

“Hay tribunales y hay circuitos que están realmente inundados por redes familiares, y que esto genera, no pocos, conflictos de interés”, admitió el ministro al destacar casos de jueces con más de 20 familiares trabajando con ellos.

Indicó que ya no habrá “pase automático” para un juez o magistrado, porque antes duraba en su cargo seis años, se sometía a un sistema de ratificación y era inamovible.

“Ahora se han establecido requisitos muy estrictos para que tengamos un Poder Judicial de excelencia, para que los buenos jueces y juezas sean ratificados; pero aquellos que son negligentes, no son éticos o que no tienen un estándar mínimo para merecer la confianza de la ciudadanía, no sean ratificados”, garantizó.

Dijo estar comprometido, y ser su prioridad, la modernización y transformación del Poder Judicial de la Federación, al cual prometió hacer totalmente independiente, “más cercano a la gente, un Poder Judicial más sensible a los problemas de la gente, un Poder Judicial en el que la gente pueda confiar”.

Ante la presunción de un conflicto de interés, los Magistrados fueron readscritos a otros estados, entre el 16 de octubre y el 1 de noviembre pasado.

De acuerdo con información del Consejo, Óscar Vázquez Marín, quien era magistrado del Tercer Tribunal Unitario del Tercer Circuito, con residencia en Zapopan, Jalisco, tiene 16 familiares en el ámbito judicial, por lo que fue enviado a Nuevo León.

El Magistrado Héctor Landa Razo, quien estaba adscrito al Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito de la Ciudad de México, tiene a su vez ocho familiares, por lo que el Consejo decidió enviarlo a San Luis Potosí.

Alejandro López Bravo, quien era Magistrado en el Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, con sede en Zapopan, Jalisco, tiene siete familiares en ese Circuito, por lo que fue readscrito a Aguascalientes, reportó el portal Reforma.

El criterio que ha seguido el Consejo respecto del problema de nepotismo que tiene el Poder Judicial Federal (PJF) es considerar que cuando un Juez o Magistrado tiene cuatro o más familiares trabajando en un mismo circuito se actualiza un potencial conflicto de interés, por lo que es necesario su readscripción.

El análisis de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad detectó otros casos de nepotismo en el Poder Judicial de la Federación (PJF). Se trata de cuatro magistrados que a su vez “contrataron” a 36 familiares en los estados de Jalisco, Baja California, San Luis Potosí y Querétaro.

“Sus hijos, hijas, sobrinos, primos y cuñados aparecieron en puestos que, al paso de los años, les permitieron escalar dentro del Poder Judicial”, se determinó en el documento.

El caso más representativo sucedió con Günter Demián Hernández Núñez, quien ingresó como oficial judicial en Morelia en donde su madre, María del Pilar Núñez González, era juez. Actualmente, él se ha convertido en juez y ella ascendió a magistrada en Querétaro, donde trabajaban ocho parientes más de ambos.

Asimismo, destacó que las redes familiares pudieron concretarse toda vez que los requisitos para ingresar fueron laxos desde un inicio.

Explicó que en la mayoría de los casos sólo se contó con preparatoria terminada para acceder a los puestos, con un sueldo de hasta 30,000 pesos y sin tener antecedentes penales, pero sí iniciativa.

La asociación civil encontró estas irregularidades luego de realizar alrededor de 1,300 solicitudes de información al PJF, así como de obtener datos esparcidos en actas de nacimiento, redes sociales, información interna del Consejo de la Judicatura Federal y hemerográfica a partir de marzo de 2018 y hasta febrero de 2019.

De esta forma, identificó el caso de Günter Demián Hernández Núñez, hijo de la magistrada María del Pilar Núñez, quien trabajaba en el decimosexto circuito, con sede en el estado de Guanajuato, como Juez de Distrito. “El brinco en su carrera judicial” se dio en 2002 cuando ascendió a secretario de tribunal. Su primera asignación fue en Chihuahua y luego en el Estado de México.

También detectó que siete familiares de la magistrada en retiro Alicia Guadalupe Cabral Parra, del Tercer Circuito en Jalisco, entraron a trabajar al PJF cuando ella presidía el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil en la entidad. Se trata de su hijo, dos hermanos y cuatro sobrinos.

Asimismo, ubicó al “clan del Prado” en Baja California, donde el magistrado de circuito, Inosencio del Prado Morales, tejió durante casi 18 años una red familiar que abarca cuatro juzgados de distrito y cuatro tribunales en ese estado.

La asociación civil expuso que en San Luis Potosí, “Mariano Quintán Espericueta ha trabajado como oficial administrativo en el mismo Tribunal Colegiado en el cual despachaba su hermano, José Manuel Quintán Espericueta. Ahí laboraban 12 personas de la misma familia”.

Indicó que entre los familiares del funcionario que han encontrado acomodo en el Poder Judicial está uno de sus hijos, tres hermanos, tres cuñados, tres primos y dos sobrinos.

Nepotismo

El caso más emblemático es el del magistrado del circuito correspondiente a Durango, Héctor Flores Guerrero, quien integró a 17 miembros de su familia a la nómina. Hijos, hermanos, cuñadas, primos, concuños y sobrinos trabajan en puestos administrativos como secretarios de tribunal y juzgado, actuarios, asesores jurídicos o analistas especializados.

Según un estudio publicado por Mexicanos Contra la Corrupción, al menos 500 jueces y magistrados, equivalente al 48.6% de los que ocupan una plaza en tribunales o juzgados del país,  incurren en nepotismo.

El organismo también  reveló que hay otros 7 mil 148 servidores públicos del Poder Judicial que comparten espacio laboral con sus familiares.

Vida de lujos y viajes con el erario

El magistrado de circuito de Veracruz Adolfo Serrano Ruiz,  se exhibía en  su cuenta de Twitter conduciendo autos costosos, con habanos y relojes de la marca Rolex, lo que le valió que en las redes sociales le apodaran #LordMinistro, criticando su estilo de vida ostentoso.

En este caso autoridades del Poder Judicial indicaron que investigarán  al magistrado por la "notoriedad de su conducta".

Otro caso es el del también magistrado Francisco Javier Cárdenas, quien gastó $71, 159 pesos en viáticos cargados al erario por un viaje a Argentina para asistir a un consejero de la Judicatura, Guadalupe Tafoya, en una conferencia internacional.

Un ejemplo más es el del funcionario Herles Enrique Velasco, quien viajó a Francia en 2017 para asistir  al consejero de la Judicatura Jorge Antonio Cruz. En 10 días se gastó $39,000 pesos en viáticos, cargando al erario conceptos que van desde su almohada de cuello hasta el vino blanco y caracoles que consumió en restaurantes del país europeo.

También Mario Alberto Torres,  director del Instituto Nacional de Defensoría Pública, gastó 64,000 pesos en un viaje a Washintong, EEUU, de los cuales 24,000 fueron en comidas y hospedaje.

El Poder Judicial de la Federación (PJF) en los últimos tres años dispuso de 649 millones de pesos en viáticos para  sus funcionarios.

Tráfico de influencias

Un caso representativo del tráfico de influencias en el Poder Judicial es el del ministro en retiro Genaro David Góngora Pimentel, quien fue acusado en el 2013  por Ana María Orozco Castillo, madre de dos hijos de Góngora, por el "uso de influencias" para detenerla por el delito de fraude,  luego de que ella pusiera a su nombre una casa para la que el ministro en retiro le había dado 2 millones de pesos y le pidió ponerla a nombre de los menores.

Una investigación  de Noticias MVS  encontró indicios de "tráfico de influencias" en la rapidez con la que jueces de la Ciudad de México, con quienes Góngora tendría amistad,  resolvieron encarcelar a Orozco.

Previamente la señora había denunciado al ex presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación por no otorgar pensión alimenticia a sus hijos. Góngora alegaba que por ser de un estatus  social "medio bajo" ,  $12,818 pesos eran suficientes para su manutención y  así no pagar el 35% de sus ingresos, como lo había dictado otro juzgado.

El asunto terminó cuando se hizo un escándalo mediático y  Góngora tuvo  que pedir una disculpa pública a la madre de sus hijos,  expresando que todo se arreglaría de manera civilizada.

LOS GASTOS DEL PODER JUDICIAL

El año pasado se le entregó a todo el Poder Judicial (integrado  por el Consejo de la Judicatura Federal, el Tribunal Electoral y  la Suprema Corte de Justicia de la Nación)  71,336 millones de pesos para su funcionamiento.

Tan sólo a la Suprema Corte de Justicia se le designaron  $635 millones para su operación, que se dividieron  en los siguientes rubros:

Mobiliario y equipo:  $233.1 millones de pesos

Obra pública en bienes propios: superior a $231 millones

Viáticos: $50.7 millones

Servicios Oficiales: $48. 3 millones (en este rubro incluyen congresos y convenciones)

Vehículos:  $32 millones

Viajes terrestres y aéreos:  $21.6 millones

Subsidios (capacitación, practicas profesionales y becas): 6.5 millones

Gasolina, lubricantes y aditivos: $4.9 millones

La carga onerosa que el Poder Judicial representa para las finanzas públicas contrasta con el alto índice de impunidad. México reporta un 95% crímenes que no son castigados en las instancias correspondientes.

La administración, vigilancia y disciplina del Poder Judicial, con excepción de la Suprema Corte y del Tribunal Electoral, corresponde al Consejo de la Judicatura Federal.

Fuente: Estado del Ejercicio del Presupuesto. Disponible en la página www.scjn.gob.mx