Años después de que el gobernador de Quintana Roo, Félix González, firmó en marzo de 2011 un convenio de fomento a la inversión extranjera con Hao Feng, presidente de Chinamex Middle East Investment, a fin de otorgar facilidades al proyecto Dragon Mart Cancún, la obra está sujeta a investigación por el Congreso de la Unión, que ha solicitado todo tipo de información sobre el estado de la construcción.

Al asentar su firma ante empresarios y políticos, el entonces mandatario estatal tampoco consideró que lo que se anunciaba entonces como "la plataforma mundial de exportación de productos de origen chino hacia Estados Unidos y América Latina" o "el Santo Grial del comercio exterior" sería con el tiempo foco del rechazo de diversas cámaras empresariales de México.

El entonces mandatario tampoco midió el descontento de residentes de Cancún y de la comunidad de Puerto Morelos -en donde se pretende instalar el proyecto- ni el surgimiento de un movimiento ciudadano denominado "Voces Unidas por Puerto Morelos", que agrupa a ciudadanos, comunidad científica, académicos, ambientalistas e integrantes de cuerpos colegiados.

El tema alcanzó a la comunidad virtual, en donde se solicitan firmas, mediante las redes sociales, para revertir la autorización que otorgó el gobierno de Quintana Roo el 6 de septiembre pasado, a través de su Instituto de Impacto y Riesgo Ambiental (INIRA).

Un punto de mercancías

El director del proyecto, Juan Carlos López, lo define como "un punto de venta de mercancías diversas, en donde vendedor y comprador harán negocio sin intermediarios, lo que reduce drásticamente los costos".

También lo presenta como un centro de exhibición y venta a edificarse en un terreno de más de 500 hectáreas en Puerto Morelos.

En el listado de productos no figuran el calzado, el vestido (textiles), el acero, ni el cemento, aunque no existen restricciones legales para que esto se modifique. López Rodríguez asegura que se firmará un convenio que así lo establezca, como una determinación de los socios actuales.

Lo que se venderá son productos de iluminación, muebles, aparatos eléctricos y electrónicos, equipo médico, autopartes, alimentos, material de construcción, equipamiento de inmuebles, ferretería, joyería, juguetes y maquinaria agrícola.

En cuanto a la inversión, se trata de entre 180 y 200 millones de dólares, en una primera etapa. Actualmente José Luis Salas Cacho se mantiene como parte del grupo de socios mexicanos que ostenta -no 60% como se informó en marzo de 2011- 45%, junto con Luis Felipe Salas Benavides, Miguel Pedraza Villarreal y Juan Carlos López Rodríguez.

Se identifican como el Grupo Monterrey, a decir del propio López Rodríguez, quien funge como director del proyecto y representan legalmente a "Real Estate Dragon Mart Cancún", razón social que maneja la parte inmobiliaria del complejo.

El otro 45% de las acciones de la parte inmobiliaria son de un empresario nacido en Yucatán, Carlos Castillo Medrano, quien preside el consejo de administración, es dueño de 30% de las acciones en la parte de operación del proyecto, ubicado con la razón social Management Dragon Mart Cancún S. A. de C. V.

Juntos, Castillo Medrano y el Grupo Monterrey, suman 90% de las acciones. El otro 10% es del socio estratégico Chinamex Middle East Investment Trade Promotion Center, que promueve productos chinos, con el aval del Ministerio de Comercio de la República Popular China.

Un permiso desconocido

El proyecto cuenta con un único permiso, expedido por el gobierno de Quintana Roo, a través del INIRA, que no se ha dado a conocer pese a la promesa de hacerlo público.

Al resistirse a conceder la consulta pública solicitada por el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda), el instituto violó la Ley Estatal del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente (Leepa), según lo denunciado por dicha agrupación de abogados ambientales.

El alcalde de Cancún, Julián Ricalde, afirma que el proyecto no cumple con lo estipulado por el Programa de Ordenamiento Ecológico Local del municipio de Benito Juárez y que mientras él sea edil no habrá permiso. Pero su periodo acaba este año.

Según el INIRA, el gobierno municipal estuvo de acuerdo. Primero señala que le solicitó su opinión técnica el 1 de agosto pasado, dando como plazo de respuesta, 10 días. En el oficio SMEYDU/2340/2012, emitido por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología local. En la factibilidad se aclara que ésta es un documento informativo, "que no constituye una autorización".

Se llama "El Tucán", fue un rancho avícola y es hoy un antiguo banco de material en el que se han hecho excavaciones para la extracción de materiales pétreos, de acuerdo con el resolutivo del INIRA.

Una de las denuncias tiene que ver con el incumplimiento en los porcentajes de desmonte de vegetación y la densidad de viviendas.

Rechazan avance del plan

La petición de frenar el proyecto llegó al entonces presidente de la República, Felipe Calderón Hinojosa, y se ha reiterado al actual mandatario, Enrique Peña Nieto, a quien empresarios de Campeche han enviado cartas con muestras de preocupación ante lo avanzado del proyecto.

Ciudadanos crearon el hashtag en la red social Twitter #NoalDragonMart para expresar su animadversión a lo que llaman "invasión disfrazada de inversión" y organizaron -el 29 de noviembre pasado- un foro con especialistas para explicar los impactos económicos, sociales y ambientales que -sostienen- tendrá para Quintana Roo y México, la operación del negocio de compra y venta de productos.

Expertos en economía y planeación urbana concluyeron que Dragon Mart Cancún es algo más que un simple megaproyecto. El objetivo paralelo al negocio es beneficiarse de recursos naturales existentes en las tierras que adquieren.

La injerencia del gobierno chino ha sido negada por Juan Carlos López, quien reitera que no existe tal. Acepta que el proyecto es conocido por la Embajada de China, pero afirma que es 100% privado.

Ante el descontento, el plan ha mutado en características, dimensiones y concepto, desde aquella primera presentación, en que se dijo que se ofrecería a 2 mil 500 empresas chinas un punto de venta de mercancías, a construirse en 84 hectáreas.

En un foro, del 29 de noviembre, el proyecto volvió a cambiar. Se informó que se abriría la participación de otros países como arrendatarios de locales para venta de mercancía.
El proyecto está detenido por la falta de permisos y ante la investigación a la que ha sido sometido por parte del Congreso de la Unión.