De ser cierta esa afirmación según información  de la revista Proceso, la pareja habría acumulado 19.2 millones de pesos entre 2013 y 2016, periodo en el que la esposa del panista recibió en su cuenta bancaria más de 28 millones de pesos. Es decir que la ciudadanía sigue sin saber cuáles son los ingresos reales –y de dónde vienen– del hombre que pretende gobernar México, pese a estar involucrado en un escándalo de lavado de dinero.

CIUDAD DE MÉXICO.- Ricardo Anaya, candidato presidencial de la coalición Por México al Frente, defiende la licitud de su riqueza acumulada como político y empresario, pero sus propias declaraciones testimoniales y documentales muestran incongruencias y turbiedades.

En 2016, luego de que estalló el escándalo porque envió a sus tres hijos a estudiar a Atlanta a fin de que aprendieran inglés, se intensificó el escrutinio sobre sus ingresos y los de su esposa, Carolina Martínez Franco, quien está cada vez más activa en la campaña presidencial del panista.

–¿Cuál es su ingreso? Díganos –le preguntó Azucena Uresti, conductora de Milenio Televisión, al candidato el pasado lunes 14.

–Entre mi esposa y yo, como 400 (mil pesos) al mes.

Ese mismo ingreso lo había declarado dos años antes, en 2016, cuando era aún presidente del PAN; pero documentos bancarios obtenidos por Proceso establecen que sus ingresos y los de su esposa son muy superiores a esa cantidad.

En efecto, entre 2013 y 2016 Carolina Martínez Franco, socia de Anaya en dos empresas, recibió depósitos en su cuenta bancaria de HSBC por más de 28 millones de pesos, 9 millones adicionales a los ingresos declarados por ambos.

De haber tenido ingresos por 400 mil pesos mensuales, la pareja habría sumado al año 4 millones 800 mil pesos y en los cuatro años referidos sumarían 19 millones 200 mil pesos, 8 millones 800 mil menos de lo que Martínez Franco recibió en depósitos en ese periodo.

Anaya vinculado al lavado de dinero

Los ingresos millonarios de la esposa de Anaya se dieron incluso antes de la venta de una nave industrial por la que la empresa Juniserra (en la que Anaya y su esposa figuran como propietarios) recibió un pago por 54 millones de pesos (2,7 millones de dólares) a través de empresas fantasma investigadas por lavado de dinero en Europa.

Esta semana el juzgado de Instrucción 4 de Madrid, España, abrió una averiguación previa con el número de expediente 907/18, sobre el presunto delito de blanqueo de capitales por parte del empresario Manuel Barreiro y el empresario de origen español Juan Pablo Olea Villanueva, acusados de beneficiar a Anaya al simular una compraventa de la nave industrial.

La investigación, a cargo del Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (SEPBLAC) de España, indaga un presunto desvío de fondos de forma ilegal a través de triangulaciones de dinero en paraísos fiscales de España, Gibraltar y Canadá.

Una operación cuestionada que, de acuerdo con algunos denunciantes, tenía por objetivo poner en manos de Anaya recursos millonarios de origen desconocido.

El caso salió a la luz después de que el abogado Adrián Xamán McGregor acusara a Anaya de participar en operaciones de lavado de dinero, a raíz de la adquisición del ahora candidato presidencial de un terreno por 10 millones de pesos que luego vendió como nave industrial por 54 millones de pesos a Manhattan Masterplant Development, supuesta empresa fantasma involucrada en una serie de triangulaciones sospechosas manejada por el empresario Manuel Barreiro.

Aunque Anaya negó en un primer momento conocer a Barreiro, un video difundido muestra que el político asistió a la boda del empresario.

Se me acusa de haber comprado un terreno con valor de 10 millones de pesos y haberlo vendido en 54 millones de pesos, de lo que resulta, según ellos, una ganancia exorbitante de 44 millones de pesos. Esta acusación es falsa y dolosa", respondió Anaya a las acusaciones en su contra, según se desprende de una declaración publicada en su sitio web.

"Las operaciones comerciales realizadas con el predio y la nave industrial en él (que de manera indirecta me involucran) fueron hechas por personas y empresas particulares y con dinero de particulares; no intervinieron en ellas autoridades de ningún nivel de gobierno ni se utilizaron recursos públicos", agregó.

La riqueza de Anaya y de su familia ha sido objeto de polémica desde que en 2016 se diera a conocer que el político centroderechista viajaba por lo menos una vez a la semana a Atlanta, Estados Unidos, lugar donde vivía su familia.

Hasta el momento ni Anaya ni su equipo han respondido a los señalamientos publicados por la revista Proceso.