“En la región, y específicamente en México, la experiencia demuestra que la intervención de las fuerzas armadas en tareas de seguridad interna en general viene acompañada de violencia y graves violaciones a los derechos humanos”, remarcó el organismo en un comunicado.
Enfatizó que en su visita al país en 2015, constató con preocupación la presencia del ejército en actividades de seguridad pública y mayores violaciones a los derechos humanos como consecuencia de ello, incluyendo casos de ejecuciones extrajudiciales, tortura, y desaparición forzada, así como mayores niveles de impunidad.
“La impunidad que prevalece respecto de los agentes de las fuerzas armadas involucrados en casos de violaciones a los derechos humanos, agudiza la preocupación de la CIDH”.
En diversas ocasiones este organismo internacional ha resaltado que es fundamental la separación clara y precisa entre seguridad interior como función de la Policía y la defensa nacional como función de las fuerzas armadas. “Se trata de dos instituciones substancialmente diferentes en cuanto a los fines para los cuales fueron creadas y en cuanto a su entrenamiento y preparación”.
Resaltó que las obligaciones asumidas por los Estados exigen políticas públicas sobre seguridad y combate al crimen que prioricen el funcionamiento de una estructura institucional eficiente, la cual garantice a la población el efectivo ejercicio de sus derechos humanos relacionados con la prevención y el control de la violencia y el delito, incluido el crimen organizado.
“Es imperativo que el Estado mexicano reafirme su compromiso con los derechos humanos atendiendo las recomendaciones y los llamados de las organizaciones de la sociedad civil, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y de organismos internacionales. Por ello el Estado debe evitar la militarización de la seguridad pública, adoptar las medidas necesarias para fortalecer la policía, y garantizar un sistema de justicia autónomo e independiente”.
Reiteró su recomendación en el sentido de que el país desarrolle un plan concreto para el retiro gradual de las fuerzas armadas de tareas de seguridad pública y para la recuperación de éstas por parte de las policías civiles.
Emir Olivares Alonso