Resumiendo las tareas del GIEI y sus experiencias en sus investigaciones, el editorial recuerda que el presidente Enrique Peña Nieto viajó a Guerrero en diciembre de 2014, donde pocos meses atrás habían desaparecido los 43 normalistas, para pedir que México “superara” esta fase y siguiera adelante. Peña Nieto, comenta, “tendría que haberse engañado al pensar que podría dar la vuelta a una atrocidad contra los derechos humanos que enfureció a la nación, cuando el gobierno no tenía respuestas sobre quién cometió el crimen ni por qué”.

Añade que semanas antes de esto, y respondiendo a protestas masivas y condenas internacionales, Peña Nieto había acordado permitir el ingreso del GIEI, pero, después de que éste presentó su primer informe, en lugar de reconocer el significado de esas conclusiones, el gobierno mexicano obstruyó las solicitudes de información y de acceso a testigos claves. Más aún, cuando aparecieron notas periodísticas descalificando a dos de las integrantes del GIEI, se interpretó que eran parte de una campaña realizada con la bendición del gobierno.

El editorial resume las conclusiones del informe final y cuenta que éste fue presentado el domingo en México, donde “familiares de las víctimas corearon ‘no se vayan, no se vayan’. Ningún funcionario mexicano se molestó en presentarse. Eso dejó más que volúmenes enteros sobre la falta de voluntad política del gobierno para reformar las instituciones judiciales y sobre la insensibilidad hacia sus ciudadanos”.

La Jornada