y recientemente, con el enfrentamiento entre ejidatarios y la minera Peña Colorada, donde el resultado fue la detención de 33 ejidatarios que posteriormente obtuvieron su libertad, y la detención del abogado ambientalista, Eduardo Mosqueda, quien sigue preso en el reclusorio de Colima.

Esta semana, el Consejo de Mayores Autoridades Tradicionales de la Sierra de Manantlán, y el Cuerpo Consultivo Agrario de Ayotitlán, emitieron un comunicado donde no sólo condenan la violación de los derechos humanos por parte de las autoridades de Colima hacia sus compañeros indígenas al momento del enfrentamiento, también condenan la intervención del Instituto de Derecho Ambiental (Idea), pues consideran que la institución sólo ha confundido a los ejidatarios, al punto de incitarlos a la toma de la minera del pasado 22 de julio, aprovechándose del desconocimiento de los ejidatarios.

“Condenamos de manera categórica los abusos y violaciones a los derechos humanos por parte de los fuerzas policiacas de Colima sobre los compañeros que participaron en los hechos del 22 de julio, pero también condenamos y rechazamos la intervención de organizaciones como Idea y de personas como Pedro León Corrales, Raquel Gutiérrez Nájera y Óscar González Gari, así como de sus voceros en los medios de paga, quienes abusando del desconocimiento de las leyes por parte de los ejidatarios, se lanzaron en una acción que puso en peligro la vida, la libertad y la integridad de personas de la comunidad”.

El comunicado también señala que “como ya se ha demostrado, tanto en las reuniones que sostuvimos en las secretarías generales de Gobierno de Jalisco y Colima, así como en los recorridos que realizó el propio Comisariado del ejido, el amparo 462/2013 protege únicamente las mil 200 hectáreas que se encuentran bajo convenio con la empresa, mismos que fueron aprobados por la mayoría de ejidatarios en la Asamblea General de Ejidatarios respectiva y se encuentran debidamente inscritos en las instancias correspondientes por lo que se encuentran en plena vigencia”.

En el comunicado se detalla que la comunidad indígena conoce bien los alcances del amparo, y que se ha revisado detenidamente el contenido, por lo que reiteran que los ejidatarios que se levantaron contra la minera, fueron engañados por los abogados, a quienes desconocen por no haber sido nombrados por la Asamblea General de Ejidatarios.

Raquel Gutiérrez Nájera, ambientalista y miembro del Idea, dice respetar la opinión de este grupo de indígenas, no obstante, señaló que dichas opiniones reflejan la ignorancia que se tiene sobre los alcances del amparo y la situación jurídica.

“Nadie engaña a nadie, la opinión de este grupo es respetable, pero no la comparto, es señal de la ignorancia que tienen sobre el amparo y la parte jurídica”, dijo.

Por Alma Gómez, La Jornada Jalisco