La novedad es que, de esa cantidad, 5.7 millones corresponden a la contratación de servicios legales y jurídicos por parte del Fideicomiso responsable del complejo que albergó a los deportistas de la justa continental.
Mientras el mantenimiento mensual de la Villa absorbe 800 mil pesos mensuales del erario, en promedio, el gobernador Aristóteles Sandoval declaró que en diciembre de 2013 se tomaría una decisión sobre el uso que se le daría al inmueble; sin embargo, no hay noticias. Sólo existen versiones de que podría ser un centro de investigación o un asilo. Vivienda y oficinas están descartadas.
Sobre el desembolso en servicios legales y jurídicos, el abogado del Fideicomiso, Víctor Peña Briseño, responde que “está justificado” por el mercado de los servicios de abogacía y el valor del patrimonio de la Villa (más de mil millones de pesos). “Dada la problemática y patrimonio involucrado, no resulta tanto (gasto) por todos los meses de trabajo”.
Explica que esta erogación sirvió para darle consistencia al contrato del Fideicomiso, porque ahí se establecen las bases de cómo se cuidará el patrimonio y la liquidación para cada uno de los inversionistas. “Los servicios legales han servido para defender al inmueble frente al Tribunal de lo Administrativo del Estado (TAE), en los juicios interpuestos por supuestas violaciones en materia ambiental y los amparos”. Y subraya que dos millones de esa bolsa se pagaron a un despacho contratado por el Gobierno estatal para analizar el estado jurídico del Fideicomiso.
Ricardo Villanueva, secretario de Planeación, Administración y Finanzas, reconoció la urgencia de resolver el destino respetando las características ecológicas. Lo primero, afirma, es tener el control del Fideicomiso para luego “buscar el uso de conformidad con los planes parciales y usos de suelo”.
El Instituto Jalisciense de la Vivienda (Ijalvi) responde que el gasto de los 32.4 millones no incluye el periodo de enero-noviembre de 2012 porque todavía no se conformaba el Fideicomiso. Ese desembolso en el complejo vacío supera el presupuesto que el Gobierno del Estado destinará este año a los programas para personas con capacidades diferentes (Jalisco Incluyente y Desarrollo e inclusión), que suman 25 millones.
Para conocer el estatus legal que tiene la Villa en el TAE, por los daños ecológicos supuestamente provocados en la zona, el Tribunal respondió que el magistrado Armando Estrada da seguimiento al tema, pero tiene una licencia para ausentarse de sus funciones.