No sólo con la expulsión del Partido Acción Nacional, sino con la espada de Damocles de un juicio político.  ¿Cuál fue su pecado? Según él, denunciar actos de corrupción. Es decir, la lógica panista es que no se debe de actuar contra personajes del blanquiazul, hagan lo que hagan, aunque se trate de corruptelas.

Esos fueron los planteamientos que Sánchez Orozco y la ex directora jurídica del Congreso, Raquel Álvarez, expusieron en rueda de prensa, a raíz de la denuncia de juicio político que presentó contra ellos el despacho López Castro.

Según Sánchez y Álvarez la lógica es muy sencilla: personajes blanquiazules como ex secretario Alfredo Argüelles, están involucrados con el despacho de consultores López Castro.

Y lanzó la siguiente acusación:

Los sujetos que están detrás de ellos, están relacionados con muchos grupos de interés y grupos políticos, no sólo del PAN, también en el PRI. Si le rascamos vamos a ver que quienes están detrás de esta firma tienen alrededor de cien empresas que entregan recibos y facturas, a donde se lo pidan, a ayuntamientos, etcétera. Hay una red de empresas fraudulentas detrás de todo esto. Eso la autoridad tendría que investigarlo”.

Sánchez Orozco, quien de forma paralela enfrenta un proceso de expulsión en el PAN por sus declaraciones contra sus correligionarios, consideró que no sería una sorpresa si los panistas en el Congreso los condenan injustamente, porque el presidente de la comisión de Responsabilidades, Juan Carlos Márquez Rosas, es amigo cercano de Argüelles y esa comisión será la encargada de llevar el asunto del juicio político.

Creo que en esa coyuntura de la incomodidad que hemos estado dando en el Congreso a priístas y a algunos panistas, no todos, se presentan estas situaciones para tratar de presionarnos y amagarnos. Me queda claro que hay relación no sólo con el ex secretario general (Alfredo Argüelles) sino con algunos priístas”.

Según dijo, a la cúpula panista no le gustó que haya denunciado actos de corrupción de gente de su mismo partido y que él ha cumplido con su obligación como ciudadano.

El artículo 88 del Código de Procedimientos Penales dice que toda persona que tenga conocimiento de la comisión de un delito está obligado a denunciarlo”

El imputado se quejó de lo que llamó “justicia selectiva de Juan Carlos Márquez Rosas”, y consideró injusto que por denunciar la corrupción ahora lo quieran linchar políticamente, “mientras que otros personajes como el auditor Alonso Godoy Pelayo siguen impunes” y arguyó que los consultores de López Castro no actúan solos.

Y no me queda duda, que algunos diputados de esta Legislatura están frotándose las manos para ver si pueden recibir también su mochada de estos 100 millones de pesos.”

–¿Juan Carlos Márquez estaría entre ellos?– preguntó un reportero.

–Posiblemente sea uno de ellos, porque con estos vínculos que tiene con los ex diputados tal vez hoy se la haga fácil presionarnos, amordazarnos con el juicio político.

La ex directora jurídica, Raquel Álvarez, argumentó que sus actuaciones fueron firmadas por los legisladores, es decir, que nunca se fue por la libre.

Agregó que no podía callar ante lo que calificó como un fraude. Aseveró que las firmas del apoderado legal de López Castro, en el contrato con el ex secretario general del Congreso Alfredo Argüelles son falsas, y que así lo confirmó en enero pasado un Ministerio Público.

El asunto López Castro es un burdo fraude. Está a la vista, si ustedes ven, y yo les pongo las firmas de Sergio Juárez Rivera, ustedes pueden sin ser peritos, observar que son distintas. Ya fue llamado Sergio Juárez Rivera y él ya lo niega totalmente, niega conocer a los actores de la consultoría, el no tuvo ninguna relación, jamás estuvo aquí y nunca, nunca vió de frente a Argüelles para firmar”, recordó.

Se dijo tranquila de que siempre ha actuado ética y legalmente y concluyó:

Hay muchos elementos de prueba y espero que las autoridades actúen con responsabilidad, profesionalismo y saquen esa investigación. La averiguación previa no lleva celeridad y no entiendo porque la Fiscalía no se avoca con eficiencia cuando sabe que está en juego el incumplimiento de una sentencia, los tiempos son importantes y esa averiguación tiene que ir a pasos agigantados y eso ha costado que se lleve casi dos años”.

Fiel a su estilo, Sánchez Orozco abrochó así:

Si no hubiera sido por la presión de algunos diputados y de los medios ya se habría pagado esa cantidad. Han asustado con el petate del muerto de que hay que pagar en lugar de proponer una defensa jurídica. Yo voy a seguir dando muestras de congruencia aunque no le guste a los compañeros de mi partido y diputados. Y ojalá que el Congreso no doble las manos ante este fraude”.

Julios Ríos, La Jornada