23 de julio de 2014.- El Juicio Político contra el diputado Víctor Sánchez Orozco y la ex directora jurídica del Congreso de Jalisco, Raquel Álvarez es una venganza entre panistas.
Así lo consideraron los imputados, al denunciar en rueda de prensa que personajes blanquiazules como el ex secretario general de la 58 Legislatura, Alfredo Argüelles están involucrados con el despacho de consultores López Castro, el cual presentó una denuncia en su contra.
Sánchez Orozco, quien de forma paralela enfrenta un proceso de expulsión en el PAN por sus declaraciones contra correligionarios, consideró que no sería una sorpresa si los panistas en el Congreso los condenan injustamente, porque el presidente de la Comisión de Responsabilidades, Juan Carlos Márquez Rosas, es amigo cercano de Alfredo Argüelles. Esa comisión será la encargada de llevar el asunto del juicio político.
Sánchez Orozco dijo que a la cúpula panista no le gustó que él haya denunciado actos de corrupción de gente de su mismo partido y que cumpliera con su obligación como ciudadano.
El artículo 88 del Código de Procedimientos Penales dice que toda persona que tenga conocimiento de la comisión de un delito está obligado a denunciarlo”
El imputado considera injusto que por denunciar la corrupción, ahora lo quieran linchar políticamente “mientras que otros personajes como el Auditor Alonso Godoy Pelayo siguen impunes”, y arguyó que los consultores de López Castro no actúan sólos:
Y no me queda duda, que algunos diputados de esta legislatura están frotándose las manos para ver si pueden recibir también su mochada de estos 100 millones de pesos. De la legislatura 58 me queda claro quiénes estaban como miembros de la Comisión de Administración y el secretario General, así como de la 59”
- ¿Juan Carlos Márquez estaría entre ellos?
-Posiblemente sea uno de ellos, porque con estos vínculos que tiene con los ex diputados tal vez hoy se la haga fácil presionarnos, amordazarnos con el juicio político.
La ex directora jurídica Raquel Álvarez argumentó que sus actuaciones fueron firmados por los legisladores, es decir, que nunca se fue por la libre.
Agregó que no podía callar ante lo que calificó como un fraude. Aseveró que las firmas del apoderado legal de López Castro, en el contrato con el ex secretario general del Congreso Alfredo Argüelles son falsas, y que así lo confirmó en enero pasado un Ministerio Público.
El asunto López Castro es un burdo, burdo, fraude. Está a la vista, si ustedes ven, y yo les pongo las firmas donde firma Sergio Juárez Rivera, ustedes pueden sin ser peritos, observar que son distintas”. Ya fue llamado Sergio Juarez Rivera y el ya la niega totalmente, niega conocer a los actores de la consultoría, él no tuvo ninguna relación, jamás estuvo aquí y nunca, nunca vio de frente a Argüelles para firmar”, argumentó.
El antecedente
El despacho López Castro fue contratado en la 58 Legislatura para gestionar condonaciones de impuestos, pero los diputados no les pagaron porque no hubo resultados. Sin embargo demandaron y gracias a un convenio con los diputados de la 59 Legislatura obtuvieron una sentencia favorable para que se le paguen 58 millones de pesos.
El diputado Sánchez Orozco y la directora jurídica Raquel Álvarez presentaron denuncias penales y amparos para evitar el desembolso. Ahora el despacho López Castro contraatacó con una denuncia de juicio político contra ellos porque supuestamente no tenían facultades para denunciar nada. El presidente de la Comisión de Responsabilidades, Juan Carlos Márquez Rosas negó entonces que esto se trate de una vendetta política.
Julio Rios, la Jornada