“Apenas tiene un mes que dejó la hamaca. Desde que sufrió la violación no toleraba la cama. Le compramos una hamaca. Apenas está durmiendo otra vez en la cama. Todavía tiene pesadillas”, relata la madre de la menor, Gabriela Sánchez.
Gabriela es defensora de derechos humanos. Dirige una asociación llamada Madres Afortunadas, en Ecatepec, en el estado de México. Ha sido víctima de siete atentados –algunos, a las puertas de su casa– por desvelar irregularidades cometidas por agentes del Ministerio Público de Jalisco que derivaron en la liberación del violador de su hija: Alejandro Ricardo Meneses Cervantes.
El hombre era, de veras, encantador. No solo era médico. También gran músico y gran profesor. Se ofreció a darle clases a la hija de Gabriela. El hombre sedujo a la madre. Todo iba viento en popa. Tanto, como para que ella dejara el estado de México y se regresara a Guadalajara. Ya hasta había tramitado una nueva escuela para su hija.
Alejandro le declaró a Gabriela que estaba en un proceso de divorcio. Incluso le dio una copia de la denuncia. Ella dejó en claro que mientras se resolvía su separación, ella viviría en casa de su hermano y él en la suya. Él aceptó. Iba una, dos, tres veces al domicilio donde Gabriela residía con su hija. Enseñaba las clases de música a la niña y de paso, enamoraba a la madre.
El divorcio aún no llegaba. Gabriela se sintió engañada. Le dijo a Alejando que hasta ahí habían llegado. El 5 de marzo de 2010, desesperado –o con el ego malherido por la ruptura– Alejandro intentó convencer a Gabriela que no lo dejara. Ella se sentía cansada y con dolor de cabeza por la discusión. Él la convenció de tomar un medicamento. Ella solo recuerda que se despertó más tarde aquel día.
Mientras ella estaba inconsciente, Alejando abusó de su hija. Diez días más tarde, la niña le contó a su madre lo que el hombre seductor le había hecho. El 15 de marzo de 2010 denunciaron en la que entonces era la Procuraduría General de Justicia del Estado de Jalisco (PGJE) que dirigía el panista Tomás Coronado Olmos.
La declaración de la niña arrojó que Alejandro había abusado de ella al menos en 10 ocasiones. Pero en la investigación, el Ministerio Público omitió integrar como prueba el examen psiquiátrico que mostraba que la menor padecía de sus facultades mentales y visuales.
Alejando fue detenido el 19 de marzo de 2010. Fue acusado de estupro y corrupción de menores. Por tales delitos, pudo salir bajo fianza. Pagó cerca de 25 mil pesos para enfrentar su proceso, desde afuera de la cárcel. El Juzgado Décimo Tercero de lo Criminal del Primer Partido Judicial en el estado de Jalisco decidió que no había elementos para que el hombre fuera acusado de violación.
“Arreglaron todo a modo, para decir que no había un agresión física. Los cinco agentes se negaron a recibir pruebas”, dice Gabriela.
José Elías Moreno Tafolla, Martín Flores Cárdenas, Mónica Noemí Castellanos García, Yolanda Italia Flores Merino y Gustavo Castillejo Cota, fueron los cinco agentes que incurrieron en anomalías, según lo documentó la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDHJ) en la recomendación 30 de 2010.
En el documento, el organismo defensor concluyó que los funcionarios violaron los derechos humanos a la legalidad y seguridad jurídica, los derechos del niño, de las mujeres y de las personas con discapacidad.
La CEDHJ comprobó, entre otras cosas, que los agentes nunca adjuntaron el dictamen psiquiá trico realizado a la menor, lo cual derivó en que el juez reclasificara el delito.
–¿Por qué crees que los agentes omitieron ese dictamen y se negaron a recibir otras pruebas?–, se le pregunta a Gabriela, a punto de subir a un avión que partirá a la ciudad de México, escoltada por policías.
–Por beneficio económico. Los abogados estaban metidos en las transas con la entonces Procuraduría estatal. Se hablaba que entonces se cobraba entre 50 mil y 100 mil pesos a los violadores, para que pudieran salir libres–, responde.
Con Alejando en libertad, Gabriela optó por regresar al estado de México. Y la sombra de él la persiguió hasta allá. Los atentados contra ella y su hija se hicieron presentes. En abril de 2012, ambas fueron aventadas por las escaleras del Metro. En otra ocasión, afuera de su casa, una persona cortó cartucho, le apuntó y le ordenó que ya le bajara.
“Yo sólo pienso en los niños que puedan estar cerca de este señor. Él sigue libre bajo fianza. Le quitaron su trabajo como maestro en la Secretaría de Educación, pero sigue dando clases particulares”, añade la mujer.
Gabriela llevó a cabo una huelga de hambre en los primeros días de junio de este año en la capital del país. Obligó a las autoridades de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) a que intercedieran por ella ante el gobierno de Jalisco.
A mediados de junio, Gabriela sostuvo un diálogo con el fiscal general del Estado, Luis Carlos Nájera Gutiérrez, al que le expuso su caso, con el fin de poder reclasificar el delito y sentenciar a Alejandro por violación.
“El fiscal está enojado porque hubo cosas chuecas, no sólo en mi caso, y ellos han llegado a acomodar lo que dejó la administración pasada”, comenta Gabriela.
–¿Qué le pides al gobernador Aristóteles Sandoval?–, se le pregunta.
–Que haga su trabajo. Que enderece todo lo que dejaron y remienden lo que me hicieron. Ya recibí dos puñaladas en la puerta de mi casa el 3 de octubre del año pasado. Luego me dispararon, pero los balazos los recibió el policía que me custodiaba. A mí me obligaron a irme de mi tierra, a perder mi patrimonio, a tener que esconderme; me han lastimado mucho y todo porque se descubrió que hicieron mal las cosas. Me trataron mal en Jalisco. En todas las entidades públicas a las que fui me lastimaron moral y económicamente. Que no digan que lamentan lo que hicieron porque no lamentan lo que yo viví.