En conferencia de prensa, Martínez Mora dijo que las deficiencias en el trabajo de fiscalización podrían registrarse en las revisiones que hace la Auditoría Superior del Estado de Jalisco (ASEJ) o bien, en la elaboración de los dictámenes por parte de la Unidad de Vigilancia.

Recordó que el Poder Legislativo perdió un juicio de amparo que promovió el ex procurador de Desarrollo Urbano en la entidad, Jaime Cuevas Adame, luego de que se había rechazado su cuenta pública correspondiente al ejercicio de 2006. Lo mismo ha sucedido, afirmó, con los ex funcionarios que han presentado juicios de nulidad ante el Tribunal de lo Administrativo en el Estado (TAE).

El legislador panista dejó entrever que podría estarse haciendo un mal trabajo en las auditorías, para que los funcionarios señalados puedan resolver los cargos que se les fincan en tribunales. Los indicios de que esto sucede, agregó, es que se han rechazado cuentas públicas con millones de pesos de cargos por malos manejos y no se ha recuperado ni un peso.

Consideró que hay complicidad entre funcionarios públicos para permitir la impunidad en torno a la rendición de cuentas, pues las revisiones muestran debilidad, especialmente ante el Tribunal de lo Administrativo. Afirmó que la ASEJ funciona con base en acuerdos políticos y no en una eficiente revisión del uso de los recursos públicos.

Martínez Mora cuestionó también la forma en que el auditor superior, Alonso Godoy Pelayo, ejerce el presupuesto, pues afirmó que se gastó en el primer cuatrimestre de este año 3.8 millones de pesos en asesorías, pagados a la empresa Maraveles y Medrano. Esos recursos no habían sido presupuestados.

Señaló que ese gasto, correspondiente a la partida 339 denominada “servicios profesionales y científicos”, que representa 55 por ciento del total ejercido en los primeros cuatro meses dentro del capítulo 3000, que es el de servicios generales.

El diputado panista dijo que él había hecho señalamientos sobre ese gasto, porque no estaba en el presupuesto. Luego de que lo dio a conocer, el auditor Alonso Godoy Pelayo envió sus estados financieros cuatrimestrales y entonces ya incluyó los detalles de la partida.

El legislador panista también insistió en que no se justifica el gasto de más de 318 millones de pesos en el edificio de la  Auditoría, pues se trata de recursos de los jaliscienses que tendrían que tener otro destino. Milenio Jalisco dio a conocer que  Alonso Godoy destinó una cuarta parte de los recursos que recibió en los últimos cinco años para su trabajo de fiscalización a su nueva sede.

Lo anterior, tras el juicio de amparo que ganó el ex procurador de Desarrollo Urbano, Jaime Cuevas Adame, por los cargos que se le habían fincado a la cuenta pública de 2006. Hoy, el Congreso tuvo que acatar la sentencia.

Sobre la mesa

El Congreso del Estado rechazó la cuenta pública de 2006 de la Procuraduría De Desarrollo Urbano

En la auditoría se señaló al ex titular de la dependencia Jaime Cuevas Adame como responsable

El ex funcionario presentó una demanda de amparo

El Juzgado Tercero de Distrito en materia administrativa le concedió el amparo y determinó que debía abrogarse (dejarse sin efecto) el acuerdo a través del cual se rechazó la cuenta pública.

Sonia Serrano Iñiguez, Milenio