Era la mañana del 10 de julio del año pasado Alonso Godoy lucía fresco como una lechuga y se paseaba a sus anchas por los pasillos del Poder Legislativo.

El funcionario, que en raras ocasiones otorga entrevistas, accedió en aquella ocasión a hablar de algunos temas, e insistió en que su conciencia está tranquila.

Y recordó que cuando le conviene a los políticos, lo pintan como “la maldad encarnada”, pero si les trae beneficio, usan sus auditorías para presumirlas cuando tocan a alguno de sus rivales políticos.

El repudio social que ha ganado la figura de Godoy –con razón o sin ella– es insuficiente para quitarlo del cargo. La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) lo afianza en la Auditoría Superior del Estado de Jaslico (ASEJ) luego de resolver una demanda de amparo con la que pretendían echar abajo su nombramiento.

La ley –aunque sea en la forma y no tanto en el fondo– está de su lado. Su pericia como apasionado y estudioso del derecho lo ha hecho encontrar resquicios con los cuales blindar cada paso que toma.

El Congreso local no puede hacer nada para destituirlo, primero porque no cuenta ni con herramientas legales ni tampoco con argumentos jurídicos para defenestrarlo; segundo, por la tibieza y simulación de casi todos los diputados, y tercero –y para ellos el más importante–, por el temor de que el auditor les saque sus trapitos al sol.

Curiosamente, quienes son sus críticos más severos son personajes que no tienen cuentas públicas detrás de ellos. Celia Fausto, Guillermo Martínez Mora y Alberto Esquer no fueron alcaldes en la anterior administración.

El resto, o fueron presidentes municipales recientemente o tienen fuertes ligas con personajes que lo son o lo fueron.

Y aunque no dio nombres –lo cual quita fuerza a su acusación– el quejoso Héctor Romero Fierro, que acaba de perder la demanda de amparo, dijo que personajes ligados a partidos políticos hicieron pasarela en las oficinas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SNCJ) para abogar por Alonso Godoy Pelayo.

Con los antecedentes de cómo los políticos se cuidan las espaldas entre ellos, esto suena lógico para muchos ciudadanos.

Basta recordar lo ocurrido el 25 de octubre de 2013 en el Congreso de Jalisco. Esa tarde los grupos políticos terminaron por exonerarse los unos a los otros, al desechar 30 solicitudes de juicio político a cuestionados personajes, entre ellos Alonso Godoy.

Salvo cinco excepciones, 29 legisladores del PRI, PAN, PRD y Movimiento Ciudadano le entraron al juego de barrer la mugre debajo del tapete. Y sin remordimientos.