Funcionarios y la clase política vallartense también critican al alcalde por colocar a sus amigos en el ayuntamiento, e incrementar la burocracia “sin tener un rumbo claro”.

Uno de sus correligionarios, el regidor Humberto Gómez Arévalo, se queja porque durante cuatro meses el cabildo no ha sesionado y porque, dice, el alcalde es caprichoso y sólo busca sacar por mayoría los asuntos que a él le interesan.

Ante esas anomalías –violatorias de la ley y del reglamento municipal, según comentan–, Gómez Arévalo y sus compañeros enviaron escritos de inconformidad al Congreso estatal en los cuales le solicitan su intervención.

La petición surtió efecto y el jueves 10 Guerrero Martínez convocó a una reunión ordinaria que se prolongó durante 12 horas. Ello se debió, según los regidores, a que desde el principio el alcalde intentó imponer sus criterios: propuso la orden del día y luego la modificó.

Al final, quedó pendiente uno de los asuntos prioritarios: el del desarrollo urbanístico Ameyalco. No les alcanzó el tiempo a los participantes para autorizar a la empresa el inicio de los trabajos en la montaña.

Gómez Arévalo, quien preside la Comisión de Ecología, manifiesta su decepción con el presidente municipal y añade que no participará más con el MC de Vallarta. Guerrero Martínez, insiste, “es autoritario y quiere gobernar con amenazas”. No obstante deja abierta la posibilidad de continuar su relación con Enrique Alfaro Ramírez si éste se lanza como candidato a la alcaldía de Guadalajara.

El regidor Humberto Muñoz Vargas, del PAN, comenta a Proceso Jalisco que la ley de gobierno y el reglamento que rige el ayuntamiento establecen la obligación de sesionar por lo menos una vez al mes como sesión ordinaria. Sin embargo la última se realizó el 15 de noviembre del año pasado, pues la de diciembre fue extraordinaria.

Si no hay sesiones, dice, las peticiones ciudadanas se acumulan y los laudos y resolutivos pendientes pueden crearle problemas a los regidores y a la Tesorería municipal.

Cita como ejemplo de las irregularidades, entre ellas una orden de suspensión contra el tesorero municipal que no se ha cumplido. Él, asegura, debe descansar 15 días sin goce de sueldo. Esa resolución no se ha ejecutado precisamente porque el cabildo no ha sesionado como  lo marca la ley.

En el caso particular del desarrollo turístico Ameyalco –el proyecto incluye la construcción de hoteles, conjuntos habitacionales con sus áreas ecológicas correspondientes– el cabildo ha presentado recursos para iniciar la obra pero el ayuntamiento no responde. Si no se autoriza a la desarrolladora el permiso, es posible que ésta recurra a la figura jurídica de la negativa ficta.

Para Gómez Arévalo, la inactividad del cuerpo edilicio se debe a que el alcalde no tiene mayoría de votos: “No le interesa nada, ni sesionar ni recibir a los empresarios; él quiere manipular, gobernar a su manera”. Y cuando no consigue los votos que requiere suele ser violento. Y cita la vez en que Guerrero Martínez mandó a policías municipales a golpearlo cuando no logro  un crédito de 100 millones de pesos que solicitaba.

Es tal su falta de criterio, comenta el entrevistado, que El Mochilas no les da su lugar como ediles, “por eso envié un escrito al Congreso del estado para informar a los diputados sobre lo que está pasando aquí”.

Las sesiones se han cancelado de último momento porque a Guerrero Martínez “no le dan los números de votos” para sacar adelante sus asuntos. “Le importan sólo sus asuntos –dice–, como la autorización de un préstamo de 500 millones de pesos, con lo que pretende endeudar al ayuntamiento durante 30 años; yo no me presto a eso. Yo vine a hacer mi trabajo limpiamente y ayudar a Puerto Vallarta, no a dañarlo”.

También lo acusa de controlar la prensa local mediante pagos para que no informe sobre lo que pasa en la ciudad.

La inactividad del cuerpo edilicio afecta de manera grave a la población. La Comisión de Ecología, dice, no ha recibido recursos para la compra de una geomembrana que debe instalarse en el basurero municipal  llamado El Gavilán y evitar que los lixiviados sigan yéndose al subsuelo.

E insiste: “Yo vine a trabajar y no le voy a tapar nada a nadie. Aquí los negocios que están haciendo son de Abraham González Uyeda (exsubsecretario de Gobernación con Francisco Ramírez Acuña) y de (Eduardo) Rosales, del PAN, quien asiste aquí  todo el tiempo”.

Se queja también de la creciente burocracia: “Está bien que vengan a trabajar (gente de Guadalajara), pero lamento que estén saqueando a Puerto Vallarta. Puedo comprobar con documentos los saqueos que están haciendo. Todos ellos están relacionados con Abraham González Uyeda”.

El regidor perredista Miguel Ángel Yerena Ruiz advierte sobre los riesgos que implica la inacción del cabildo para solucionar laudos y sentencias, mientras el panista Muñoz Vargas menciona que el Concejo de Giros Restringidos, encargado de autorizar nuevos permisos para los establecimientos que expenden bebidas alcohólicas, no sesiona desde que Guerrero Martínez llegó al ayuntamiento.

En lo que va de la administración de Guerrero Martínez no ha emitido un solo permiso, aun cuando se abren nuevos negocios que venden alcohol, como el llamado Santa. “Nadie se sabe quién otorgó el permiso a sus dueños”, sostiene el regidor panista. Apro

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