“En el contrato no se especifica ni se anexan los generadores de los servicios ni las características de los equipos y obras”, revela la Auditoría Superior de la Federación (ASF). “Del análisis se deriva que tendrían que digitalizar un número muy superior de expedientes”. Por ello “se presume un probable daño o perjuicio a la hacienda pública por 326.5 millones” supuestamente destinados para el servicio integral de automatización, basado en un modelo de gestión, optimización y prácticas (digitalización de expedientes clínicos).
La Auditoría presentó una denuncia de hechos por estas anomalías, pero se añaden otros 20 millones por el pago del servicio de digitalización de expedientes administrativos, de los cuales la administración actual precisa que también desconoce los bienes y servicios entregados. Hay otra denuncia por esto.
Las irregularidades forman parte de las recuperaciones probables por dos mil 924.6 millones de pesos en el gasto 2012 del Seguro Popular en Jalisco. En el desglose, 767.6 millones fueron gastados de forma irregular en nóminas especiales de brigadistas y por concepto de préstamos a las cuentas de los Servicios de Salud para cubrir cheques y nóminas de otros fondos o programas; 713.1 millones por el pago de servicios subrogados que carecen de la documentación que justifique y compruebe el gasto, así como 378.8 millones de pesos para proveedores de materiales y servicios que carecen de la documentación que justifique y compruebe el desembolso.
La Auditoría instruye a la Contraloría de Jalisco a que investigue y sancione a los ex funcionarios o servidores públicos responsables de las irregularidades, pero no hay avance en el tema. Lo único tangible es que hay denuncias penales interpuestas ante la Fiscalía General por estas anomalías en el Seguro Popular, en el que estuvo al frente José Luis Gómez Quiñones.
Aunque se requirió una entrevista con Antonio Cruces y Agustín González Álvarez, titulares del Seguro Popular y de la Secretaría de Salud, respectivamente, no hay respuesta para abundar sobre las anomalías y las empresas beneficiadas por los gastos irregulares.
El Informador