El capataz de la cosecha alcanzó a huir del lugar y se presume que tenía algún acuerdo con las autoridades municipales.

El secretario de Trabajo del Estado, Eduardo Almaguer, reveló que los inspectores localizaron a los menores el viernes, cuando se descubrió a niños que llevaban dos cubetas de cinco kilos atadas a la cintura para transportar las bayas, así como guantes improvisados, para las espinas del cultivo.

A los niños se les pagaban sólo un peso 80 centavos por bote, y en promedio levantaban 10 al día, por lo que percibían alrededor de 18 pesos por cada jornada, de 8:00 de la mañana a 3:00 de la tarde. Las madres argumentaron que estaban de acuerdo en que ellas y sus hijos fueran empleados en esas condiciones.

Tras la investigación, se descubrió que la empresa Agrotecnología Globalizada renta el predio a la señora Trini Barragán, para el cultivo del fruto de exportación, pero hasta el momento no se ha localizado a ningún responsable de la compañía, ni a la dueña del terreno.

El funcionario aclaró que si se encuentra responsabilidad a las autoridades municipales, se les sancionarán por omisión o bien por obstaculizar la acción de los inspectores, ya que en ninguno de los hechos recientes colaboraron con la Secretaría del Trabajo.

Comentó que la inspección en la que se localizó a los menores fue muy problemática, ya que el predio se encuentra oculto entre el bosque, y sólo es posible llegar a él por una brecha de 10 kilómetros que se debe cruzar a pie; lo cual ayudó a que alguien avisara al capataz de la presencia de los agentes y éste huyera; además de exigir a los niños que se ocultaran entre los cultivos.

Por otro lado, en el municipio de Autlán, al sureste del estado, se encontraron 28 jornaleros adultos, sin prestaciones sociales y con bajos salarios. El secretario de Trabajo de la entidad explicó que en este predio se da el cultivo de tomate y pertenece al Grupo Casillas.

La denuncia penal de ambos casos se presentó ante la Procuraduría General de la República (PGR), y a los responsables se les multará hasta con más de 9 millones de pesos y cárcel, con pena de uno a cuatro años, reveló el secretario del Trabajo.

Tras reunir los testimonios, la Secretaría entregó en custodia a sus familias a los 27 menores.

EL DATO Eduardo Almaguer explicó que en 400 inspecciones en predios agrícolas que han realizado desde hace 11 meses, se ha tenido poca colaboración de los alcaldes, ya que muchos tienen intereses personales y económicos con los dueños de los cultivos, por lo cual no hacen las denuncias de la explotación de jornaleros, ya sean niños o adultos.