A su llegada en febrero del año pasado, José de Jesús Sosa López, titular del área, dijo que su trabajo sería principalmente preventivo, basado en modelos internacionales de combate a la corrupción, que dijo, que han demostrado eficacia en el tema, como la implementación del usuario simulado, testigo social, la contraloría social y la denuncia preventiva.
Monserrat Mauleón Lee, Milenio
Indicó que se recibirían denuncias y quejas ciudadanas por corrupción y malos servicios. Informó hasta ahora ha recibido más de seis mil denuncias ciudadanas y tiene mil 300 expedientes, de los cuales 50 han sido derivados a la Contraloría. Aunque aclaró que “la oficina no está creada para castigar, está creada para prevenir y asegurar que la gestión del ayuntamiento y todas sus dependencias sean éticamente más impecables, es decir, más eficientes, más eficaces, más efectivas y más transparentes”. A decir de los regidores de oposición, no ha cumplido.
José de Jesús Sosa López percibe 43,802.50 pesos a la quincena —un millón 51,260 pesos al año—, más un aguinaldo de 122,669.16 pesos, lo cual abarca más de la mitad del gasto total anual de la oficina.
Para muchos, incluyendo a los regidores de oposición, los más de dos millones de pesos de gasto operativo y de nómina no se justifican, pues sus resultados han sido nulos. La oficina reanudó trabajos el 25 de febrero del año pasado (fue creada durante la Administración anterior), y sobre todo en los casos más importantes que se le han encargado los resultados que ha reportado han desatado gran cantidad de comentarios negativos acerca de sus conclusiones, por lo que no se justifica la existencia de una oficina que actualmente tiene a 12 trabajadores, un presupuesto de 80 mil pesos anuales para su operación y representa para el municipio un gasto en nómina de dos millones de pesos.
Dos de los casos que investigaba y que concluyeron con la exoneración de los funcionarios fueron el del ex secretario general municipal, Tomás Vázquez Vigil, quien fue acusado en un informe del ex director de Inspección y Vigilancia, Salvador Orozco, de solapar la presencia de ambulantes en el Centro Histórico y de recibir cuotas; y el más reciente, el de la regidora con licencia Elisa Ayón Hernández, vinculada con casos de corrupción en el área de Panteones.
Sobre el caso de Tomás Vázquez, el grupo edilicio de Movimiento Ciudadano en Guadalajara calificó como una burla el resultado de la investigación que la Contraloría y la oficina de Combate a la Corrupción realizaron en torno a las permisividad irregular de comerciantes informales en el primer cuadro de la ciudad y lamentaron que se exonerara al secretario general con licencia, Tomás Vázquez Vigil, pues consideraron que la actuación del funcionario fue omisa al no supervisar, vigilar y no tomar acciones respecto al problema visible del comercio en la vía pública en el Centro Histórico.
A raíz de la exoneración de Elisa Ayón, a finales de noviembre pasado, los regidores panistas presentaron una solicitud al alcalde Ramiro Hernández para que destituyera al titular de Combate a la Corrupción, pues lo consideraron tapadera de las irregularidades y corrupción del PRI. El oficio que le hicieron llegar pedía que lo despidiera por “la serie de contradicciones, mentiras y omisiones que han sido evidenciadas públicamente y ya son bien conocidas por usted, aunado a la falta de resultados en la citada oficina, lo que también nos lleva a pedir a usted que desaparezca la infraestructura evitando un gasto a la hacienda municipal”.
Por los escasos resultados, los regidores de oposición han solicitado que desaparezca la oficina anticorrupción, que no ha cumplido con prevenir y evitar la corrupción o realizar investigaciones efectivas sobre las irregularidades en el ayuntamiento, “no pueden ser juez y parte”, opina Candelaria Ochoa, presidenta de la comisión de Transparencia.
Claves
Algunos datos
-La oficina de Combate a la Corrupción fue creada durante la Administración del entonces alcalde y actual gobernador, Aristóteles Sandoval.
-Desde entonces se negó la posibilidad de que tuviera la capacidad de investigar y sancionar.
-La oficina permaneció fuera de funciones durante cinco meses al llegar Ramiro Hernández como alcalde.
-José de Jesús Sosa, titular del área, gana 43,802.50 pesos a la quincena (un millón 51,260 pesos al año), más de la mitad del presupuesto anual de la oficina.
-Percibe más que el contralor, Gustavo César Galindo, quien recibe 38,132.50 pesos a la quincena y sólo 13,202.50 menos que el alcalde, quien cobra 57,005 pesos quincenales.