Peor aún, los proveedores y contratistas se niegan a repararlas. Las garantías ya expiraron, alegan, pues el inmueble fue entregado hace un año al Poder Judicial.

El sistema de aire acondicionado –en el cual se invirtieron 65 millones de pesos– tampoco funciona. El proveedor exige 800 mil pesos más para echarlo a andar. El sistema de voz y datos, adquirido hace dos años aún sin estrenar, ya es chatarra tecnológica. La razón: el proveedor todavía no libera las licencias, y ahora exige alrededor de medio millón de pesos más para otorgar las claves para terminar su configuración.

Los magistrados desconocen por qué el entonces presidente del Supremo Tribunal de Justicia (STJ), Celso Rodríguez González, recibió las instalaciones –33 juzgados civiles, mercantiles y familiares del Primer Partido Judicial (zona metropolitana)– el 31 de octubre de 2012, cuando aún no estaban concluidas; de ahí que los contratistas digan que las garantías ya caducaron.

Iniciada en febrero de 2007 con un presupuesto estimado en 325 millones de pesos, cinco años y medio después la inversión se triplicó y el proyecto dista mucho de parecerse al original, que incluía dos edificios espejo con 80 juzgados.

Tan mal diseñado está, que sus impulsores no incluyeron salas para juicios orales ni espacios para los empleados del Consejo de la Judicatura, que hoy laboran en un inmueble arrendado que le cuesta al erario estatal 150 mil pesos mensuales.

Para Alfonso Partida Caballero, presidente de la Comisión de Administración del Consejo de la Judicatura, fue una “trampa” que González Rodríguez haya recibido la Ciudad Judicial sin la supervisión de los expertos.

Y advierte: “Una vez recibida la obra, cualquier gasto que origine corre por cuenta de la institución. Con ese acto se estaba cancelando la posibilidad de hacer exigibles las garantías”.

Según Partida Caballero, el ex presidente del STJ incurrió “en una irregularidad monumental” al recibir la Ciudad Judicial a título personal con dos de sus más cercanos secretarios y falsear las actas. A últimas fechas, dice, se han recibido documentos en los cuales se desmiente a Celso, quien insiste en que sólo deben hacerse efectivas fianzas y pólizas.

Eso, según Partida, es falso. “Cuando él recibe lo hace con el afán de terminar la responsabilidad de las empresas y asumirla él en forma personal para que, si se vencían las garantías, ya no se pudiera hacer nada contra estas empresas”. Y así ocurrió, asegura el consejero.

–¿Lo hizo porque no tiene riesgo de una responsabilidad penal, al gozar de fuero? –se le pregunta.

–Efectivamente. Hay orígenes y el administrador de este eje del mal en la Ciudad Judicial es Celso Rodríguez junto con Emilio González –el ex mandatario panista–, Refugio Martínez Aragón, (quien fue su secretario de Acuerdos), y Miguel Ángel García Aragón (director de Administración, Recursos Humanos, Materiales y Servicios Generales del STJ). Fueron ellos quienes recibieron la obra a título personal. Al hacerlo, engañaron a los magistrados, al pleno del STJ y a los medios de comunicación.

Para reparar los desperfectos, estima Partida, se requieren alrededor de 5 millones de pesos y 215 millones más para concluir el tercer piso, donde se instalarán las salas para juicios orales.

“El robo del siglo”

Durante la visita de Proceso Jalisco al edificio, una abogada se torció el tobillo cuando el tacón de su zapato se clavó en una losa quebrada.

Fernando Antonio Castellanos, director de Servicios Generales, asegura que se están haciendo las reparaciones necesarias para dar funcionalidad al inmueble, como la nivelación de los fluxómetros y del piso para evitar la fractura del mármol, el arreglo de llaves y goteras.

Las fallas se multiplican. Los cuatro elevadores carecen de iluminación, lo cual es riesgoso, en particular para quienes entran a laborar a las seis de la mañana; uno de ellos de plano no sirve. Hoy, precisa el administrador, todas las reparaciones corren por cuenta de la Judicatura.

En cuanto a las puertas de emergencia del auditorio, no cumplen con las normas de protección civil, por lo que deberán ser reemplazadas. Y de los 212 baños, ninguno tiene tapa. Todo indica que se las robaron.

Pese a esas fallas y carencias, María del Rosario Martín del Campo, juez octavo de lo Familiar, asegura que los litigantes y visitantes elogian la nueva sede de los juzgados y la consideran como la mejor Ciudad Judicial del país  “por funcional y lujosa”.

EL DATO

Luis Carlos Vega Pámanes, presidente del STJ, dijo que el pleno nunca tuvo conocimiento de la entrega-recepción: “Hoy que vemos que ya es oficial, lo único que tenemos que hacer es retomar un elefante blanco en mal estado”. Y esto ocurrió el día de la última inauguración, que se aceptó para evitar más gastos por pago de rentas, aunque admite que se etiquetarán recursos cercanos a los 220 millones de pesos para concluir el proyecto.

El Gratuito