El ex legislador perredista denunció una “maquinaria completa” del gobierno de Jalisco, la presidencia municipal de Tomatlán y los empresarios socios del Instituto de Pensiones del estado (Ipejal), entidad que ha invertido en el proyecto hasta ahora frenado más de mil millones de pesos de sus fondos patrimoniales.

“Nosotros teníamos la esperanza de que corregiría la actuación de su predecesor, Emilio González, pero parece que va por todo con toda la fuerza de su autoritarismo, y ha presionado a autoridades del poder judicial para abrir ilegalmente un segundo libro en el juicio de amparo 711/2013, del cual pretende obligar al ejido a desistirse, para lo que ha utilizado además a la Procuraduría Agraria [PA] que organizó una asamblea ilegal y removió ilegalmente al secretario ejidal, Bartolo Camarena”, expuso el asesor ejidal.

Recordó que en octubre de 2010 también hubo amenazas de muerte para obligarlos a desistir en la defensa del ejido, en una serie de conversaciones grabadas “donde la gente de Rasaland dice: hay que meterle tres balazos a Pedro León. Conmigo no la cumplieron, pero al ahora presidente del Consejo de Vigilancia, Guadalupe Valadez, le metieron un balazo de escopeta que todavía trae su camioneta, y le mandaron al ejército para fabricarle un delito de acopio de armas”.

A Bartolo Camarena ya lo golpeó este año un empleado de la empresa, aseguró. Pero las últimas amenazas apenas fueron ayer. “El director de Asuntos Agrarios del estado, Vladimir Avilés Márquez, me advirtió que tienen el poder para torcer la mano al Poder Judicial Federal, y lo demostró: el secretario con funciones de juez del Juzgado Quinto de Distrito, Ángel Gabino Wood Corona, les abrió un capítulo II del juicio de amparo que nosotros promovimos, pese a que hay una queja y el expediente no se puede mover”.

Agustín del Castillo, Milenio