México, DF. Los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dividieron opiniones sobre la jerarquía de los tratados internacionales de derechos humanos con respecto a la constitución.

Al continuar la discusión sobre una contradicción de tesis entre tribunales colegiados, hubo quienes se pronunciaron a favor de que los tratados internacionales se “armonicen” con la carta magna para que sea más efectiva la protección de los derechos de los ciudadanos; mientras que otros señalaron que la constitución está por encima de cualquier tratado signado por nuestro país y que por tanto, los derechos humanos están limitados a las disposiciones previstas en la carta magna.

Olga Sánchez Cordero consideró que la protección, la tutela y la reparación de cualquier violación a los derechos humanos debe garantizarse sea por principios reconocidos en la constitución o en tratados internacionales.

En apoyo al proyecto elaborado por Arturo Zaldívar, José Ramón Cossío agregó que una vez que los tratados internacionales son incorporados al orden jurídico, “pierde sentido la expresión jerarquía”, por lo que los derechos reconocidos en dichos tratados no pueden tener ningún límite o acotamiento.

Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena comentó que no se trata de que la constitución venza a los tratados, “si estamos ante un derecho que beneficie más al ciudadano, ésa es una interpretación”.

En materia de derechos humanos, sostuvo, prevalece la “ponderación de derechos” y no es válido que las diferencias entre constitución y tratados se realice a partir de jerarquías.

En cambio, Alberto Gelacio Pérez Dayán, Margarita Luna Ramos, Luis María Aguilar y Jorge Pardo Rebolledo coincidieron en que “todos los tratados internacionales deben adecuarse al marco constitucional” y que la carta magna establece límites a los derechos, porque no hay derechos absolutos.

Luna Ramos aseguró que los tratados internacionales en derechos humanos no pueden ser obligatorios porque sólo son aprobados “por mayoría simple” por el Senado de la República; en cambio las reformas constitucionales son producto de una mayoría calificada en el Congreso y los congresos locales. Por lo que, si la Corte establece que no se aplique una disposición constitucional (a favor de una amplia protección a los derechos humanos), “está usurpando la facultad del constituyente permanente”.

La discusión continuará el próximo jueves con el posicionamiento de los cuatro ministros que faltan por pronunciarse sobre el tema.