Para librarse del problema legal, deberán entregar documentación aclaratoria que los libere de responsabilidad ante la Unidad de Vigilancia del Congreso de Jalisco, que emitirá un segundo dictamen a más tardar en nueve meses.

Esto lo confirmó en entrevista el diputado presidente de la comisión de Vigilancia, Juan Manuel Alatorre Franco, sorprendido de que el informe final en que la ASEJ no aprueba la cuenta pública de 2010 se filtró a un medio de comunicación a pesar de la secrecía que debería privar en la investigación.

En entrevista, el diputado Juan Manuel Alatorre afirmó:

“No estorba la filtración, sí genera ruido mediático, pero hay cargos por 113 millones y lo que va a suceder es que si ellos nos entregan documento e información de esas cuentas pueden ser mucho menos los cargos o pueden llegar a ceros si lo pueden comprobar. No es un proceso terminado, estamos en avance, ojalá no hubiera salido a la luz pública, pero todavía tenemos nueve meses para dictaminar”.

El órgano fiscalizador imputa directamente a Corona y Correa varias anomalías por el período del 1 de febrero hasta 31 de diciembre de 2010 y comunica al Congreso que determine “la responsabilidad pecuniaria y se eleve a la categoría de crédito fiscal”.

Entre otras anomalías la ASEJ descubrió que descontaron 80 millones de pesos de impuestos de los trabajadores del Congreso, pero jamás los reportaron a las autoridades de Hacienda y habrían sido usados para gasto corriente.

También vienen señalados los diputados de la comisión de Administración, Samuel Romero Valle y Jorge Alberto Villanueva, ya que la Legislatura LVIII alcanzó a trabajar sólo un mes en ese año 2010.

Al respecto, Alatorre Franco detalló:

“(Los señalados) tienen espacio legal para que entreguen información a la comisión, la cual la remite a la Unidad de Vigilancia y en función de la información esta Unidad tiene que hacer una propuesta de dictamen que se le hace llegar al auditor para un segundo informe que será él definitivo”.

–¿No es eso darles una segunda o hasta tercera oportunidad a los presuntos implicados?

–En realidad sí es darles una segunda oportunidad, ellos tuvieron oportunidad para solventar dentro de la revisión que ya hizo la Auditoría Superior, se hace un pliego de observaciones, y ese pliego llega al ente, y ese ente tiene 30 días para entregar la información. Ellos ya debieron haber entregado, pero a criterio de la Auditoría no solventaron. Se da una segunda oportunidad, donde es el Congreso el que dictamina en función de lo que entregan, pero a final de cuentas la Auditoría es la que dictamina en segunda ocasión”.

Por último, negó que esta nueva oportunidad para entregar documentos tenga como motivación proteger a ex funcionarios de su partido (PRI), sino que tiene que ver con un respeto a la ley:

“Estamos aplicando estrictamente la Ley de Fiscalización, es un proceso normal, tienen derecho a audiencia y defensa tanto en la auditoría como en el Congreso. Estamos a la espera de la información que nos puedan mandar los involucrados. Esta cuenta es la primera en la historia en la que se le fincan las responsabilidades directamente a los funcionarios y directivos que tienen que ver con manejos de recursos”.

Por: Julio Ríos